El Gobierno de Guatemala decretó un nuevo estado de prevención en cinco departamentos del país, a partir de este martes, con el objetivo de contener posibles ataques de maras o pandillas contra autoridades civiles y garantizar el orden público. La disposición tendrá una duración de 15 días, según lo establecido por las autoridades.
El estado de prevención se aplicará en los departamentos de Guatemala, Izabal, Escuintla, San Marcos y Huehuetenango, zonas consideradas estratégicas por su condición fronteriza o por albergar centros de detención.
El Ejecutivo justificó la medida ante la persistencia de amenazas de violencia, disturbios y ataques armados por parte de estructuras criminales, lo que obliga a mantener un marco legal que permita acciones excepcionales de seguridad.
Las autoridades indicaron que el objetivo principal es dar continuidad a las operaciones de prevención y control, con el fin de proteger la vida, la libertad y el bienestar de la población, así como resguardar la institucionalidad del Estado.
Entre las facultades contempladas en la Ley de Orden Público, el Gobierno podrá limitar reuniones al aire libre, manifestaciones o espectáculos públicos, así como disolver concentraciones que impliquen violencia o uso de armas.
Asimismo, se habilita la posibilidad de restringir la circulación o estacionamiento de vehículos en determinadas zonas y horarios, incluso impedir el traslado entre departamentos o someter automotores a inspecciones.
El decreto subraya que estas medidas no deben vulnerar derechos fundamentales ni generar discriminación por motivos de etnia, sexo, religión o condición social, además de garantizar el acceso a recursos judiciales.
Las autoridades recalcaron que las restricciones están dirigidas exclusivamente a personas que infringen la ley y no a ciudadanos que desarrollan actividades productivas dentro del país.
Esta es la cuarta medida de este tipo en lo que va del año. El 18 de enero se decretó un estado de sitio tras hechos violentos atribuidos a grupos criminales; posteriormente, se implementaron estados de prevención en febrero, marzo y abril con alcances territoriales distintos.
Según datos recientes de la Policía Nacional Civil, las operaciones han dejado 1,029 detenidos, de los cuales 274 tenían órdenes de captura y 723 fueron capturados en flagrancia. También reportan 276 allanamientos y 995 operativos policiales.
Las acciones de seguridad han permitido la incautación de 140 armas, 2,732 municiones, 88 teléfonos, además de la consignación de 1,255 motocicletas y 265 vehículos, como parte del combate a estructuras delictivas.
