Guatemala enfrenta contrarreloj la aprobación de una nueva ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, una normativa considerada fundamental para la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2027. Sin embargo, los desacuerdos entre bloques legislativos han retrasado su avance en el Congreso.
La discusión se centra en una serie de enmiendas impulsadas por varios diputados que buscan modificar artículos considerados esenciales por las autoridades técnicas. Además, entre los puntos más debatidos figura la autonomía del delito de lavado de dinero. Este aspecto es considerado clave por organismos especializados para combatir las finanzas ilícitas.
Representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB) y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) han advertido que ciertos cambios podrían debilitar el espíritu de la ley y afectar el cumplimiento de los estándares internacionales exigidos por el GAFI.
Pese a las diferencias, varios jefes de bloque aseguran que existe apoyo mayoritario para aprobar la legislación. No obstante, continúan las negociaciones para alcanzar consensos sobre las modificaciones planteadas antes de llevar nuevamente el proyecto al pleno.
Los diputados que respaldan las enmiendas argumentan que la normativa debe ajustarse a la Constitución . Además, debe evitar posibles afectaciones a actividades económicas legítimas. Especialmente debe proteger a quienes operan principalmente con efectivo, como pequeños comerciantes, agricultores y transportistas.
Por el contrario, legisladores oficialistas, bancadas de oposición y sectores empresariales sostienen que la ley debe aprobarse sin alteraciones que reduzcan su efectividad. Ya que consideran que fortalecer los controles financieros es esencial para enfrentar al narcotráfico, el crimen organizado y otras estructuras ilícitas.
La aprobación de la normativa es observada de cerca por organismos internacionales y socios estratégicos de Guatemala. Una legislación alineada con las recomendaciones del GAFI es considerada fundamental para evitar riesgos reputacionales. Además, reforzaría la capacidad del país para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
