El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) de Guatemala presentó una propuesta de reformas a la Ley de Transporte que busca reducir la edad mínima para obtener licencias de transporte pesado.
El planteamiento surge como respuesta a la creciente escasez de conductores que afecta al país y al comercio regional.
La iniciativa pretende modernizar un reglamento que data de 1946 y adaptarlo a las necesidades actuales de movilidad y seguridad vial. Autoridades, transportistas y diputados discuten cambios que podrían impactar directamente en el sector de carga pesada, clave para la economía guatemalteca y centroamericana.
El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, presentó la propuesta durante una reunión con la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso, encabezada por la diputada Sandra Jovel.
Según el CIV, la reforma busca equilibrar dos retos: la falta de pilotos y la necesidad de garantizar que quienes obtengan una licencia estén preparados para conducir vehículos de gran tamaño.
¿Qué implica?
Entre los principales cambios, destaca la reducción de la edad mínima para licencias profesionales. La licencia tipo B bajaría de 21 a 20 años, y la licencia tipo A, utilizada para transporte pesado, se reduciría de 25 a 22 años. La licencia tipo C, para vehículos livianos, se mantendría disponible desde los 18 años.
Además de la reducción en edades, el CIV propone la implementación de evaluaciones psicométricas y pruebas prácticas de conducción para asegurar que los aspirantes tengan las capacidades necesarias. También se estudia la posibilidad de establecer un carné de puntos para licencias profesionales, en el que se descuenten puntos por infracciones, al estilo de sistemas utilizados en otros países.
El sector transporte señala que la migración de conductores hacia Estados Unidos y Canadá ha dejado un déficit en Guatemala. Jorge González, de la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga, afirmó que esta carencia impacta directamente en el comercio interno y las exportaciones, generando costos más altos y retrasos en las cadenas de suministro.
La propuesta es trabajada junto con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Transporte, Provial y la Gremial de Transporte de Carga.
La mesa técnica aún evalúa si los cambios se impulsarán como iniciativa de ley en el Congreso o como acuerdo gubernativo. La diputada Jovel recalcó que se espera contar con un proyecto formal antes de abril, con el fin de atender de forma urgente la falta de conductores y garantizar mayor seguridad vial.
