La Comisión Interministerial responsable de evaluar las condiciones de la mina de cobre en Panamá emitió este miércoles un informe en el que sugiere al gobierno que inicie con el procedimiento para garantizar el “cierre ordenado” del proyecto sin que se tenga que disponer de fondos estatales.
En el informe expuesto por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se pide al presidente José Raúl Mulino que gire instrucciones para que se garanticen las condiciones necesarias para iniciar con el “cierre ordenado del sitio”, sin que eso represente un costo fiscal para el Estado.
Las autoridades recomiendan que el cierre se realice “sin posibilidad de prórrogas” para poner en primer lugar los intereses ambientales, sociales y económicos de la nación, por lo que, enfatizaron en que el cierre debe ejecutarse con “absoluta transparencia”.
“Lo que le solicitamos y la recomendación principal, señor presidente, es una: que autorice las condiciones para que se inicie un cierre ordenado del sitio, sin que tenga costo fiscal para Panamá, sin posibilidad de prórrogas”, dijo el ministro Moltó.
Aunque se planea iniciar rápidamente con el cierre, el mismo Moltó reconoció que el proceso no será rápido debido a la escala de la operación. “No se cierra en un año ni en cinco”, adelantó durante la exposición del informe elaborado por la Comisión.
Para la toma de decisiones futuras, la Comisión estableció criterios que deben seguirse:
- Estricto cumplimiento al contrato entre el Estado y la Minera Panamá.
- Soberanía del Estado sobre los recursos minerales y del subsuelo.
- El proceso de cierre debe ejecutarse sin costos fiscales para el Estado.
- Transparencia para comunidades, trabajadores y proveedores afectados por el cierre de operaciones.
- Supervisión independiente de calidad internacional.
El informe incluye un apartado de pérdidas por el cierre de las minas, en el que se incluye la pérdida de 6,000 empleos directos y otros 30,000 indirectos. Además, otras 144,000 perdieron sus ingresos por el cierre de la mina.
La mina de cobre fue cerrada en noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el contrato de operaciones de la empresa concesionaria. Miles de ciudadanos se manifestaron contra la renovación del contrato por falta de transparencia y riesgos ambientales.