El exmandatario costarricense Luis Guillermo Solís (2014-2018) se prepara para afrontar un juicio tras la acusación de presuntas irregularidades administrativas en el manejo de fondos estatales para evitar la quiebra del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
La Fiscalía Anticorrupción lo señala, junto a 4 exfuncionarios de su gobierno, de influir indebidamente en la transferencia de recursos públicos sin sustento técnico, en un caso que pone a prueba la institucionalidad y la transparencia en el país.
Bancrédito, un banco estatal, enfrentaba desde hacía años problemas de liquidez que culminaron en su cierre definitivo en julio de 2017. Para evitar su intervención por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y el posible impacto negativo en el sistema financiero costarricense, el gobierno de Solís autorizó la transferencia de 100 mil millones de colones ($50 millones) desde la Tesorería Nacional en 2017.
#UH: #FiscalíaAnticorrupción consigue que se ordene apertura a juicio en contra de del expresidente Solís Rivera, y a cuatro miembros de su Gobierno, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, dentro del denominado caso Bancrédito.
— MinisterioPúblico CR (@FiscaliaCR) December 4, 2024
Según la Fiscalía, esta maniobra buscaba proyectar solvencia financiera en la entidad bancaria, a pesar de que existía una baja probabilidad de recuperar los recursos.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó una acusación privada en su momento, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una acción de resarcitoria civil contra los acusados.
Las acusaciones contra Solís y su equipo
El Ministerio Público sostiene que Solís y sus colaboradores, incluido el entonces vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas, y el exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas, habrían acordado estas transferencias sin respaldo técnico, lo que configuraría el delito de influencia en contra de la Hacienda Pública. Asimismo, se acusa al exsubtesorero Mauricio Arroyo de falsedad ideológica.
En su defensa, Solís ha insistido en que las decisiones tomadas durante su mandato fueran “adecuadas y responsables” y tenían como objetivo salvar la estabilidad financiera del país, así como proteger a los acreedores y empleados de Bancrédito. “Siempre actuamos apegados a derecho y con el interés general como prioridad”, afirmó el exmandatario en declaraciones recientes.
Solís y los demás acusados han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su respeto por el Estado de derecho y su disposición a demostrar su inocencia en el juicio oral y público.
“Confiamos plenamente en la institucionalidad del país y estamos convencidos de que ningún acto cometido fue contrario a la ley”, señaló.
El caso ha generado un debate sobre el papel del gobierno en el rescate de instituciones financieras y las posibles implicaciones legales de decisiones ejecutivas que, aunque justificadas por motivos de interés público, podrían contravenir principios administrativos y legales.
Este juicio no solo representa un reto para el expresidente Solís, sino que también pone bajo escrutinio las prácticas administrativas de su gobierno y del Partido Acción Ciudadana (PAC), que enfrentó críticas durante su gestión por la falta de transparencia administrativa en algunos de sus proyectos.
Mientras se espera la programación del juicio, los analistas coinciden en que este caso será clave para reforzar la confianza en las instituciones del país y en su capacidad de aplicar la justicia de manera imparcial, incluso en casos que involucran a figuras de alto perfil.
Solís deberá demostrar ante los tribunales que su actuar respondió a un interés legítimo de proteger al país, en un proceso que definirá su legado político y la percepción pública sobre el manejo ético de los recursos estatales.
