El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) actualizó su informe anual el 22 de julio, subrayando el aumento de la represión y censura por parte del régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
El informe destaca las violaciones a la libertad religiosa, de expresión, de reunión pacífica, de asociación, de nacionalidad, de circulación y de propiedad.
Los expertos del GHREN documentaron arrestos, destierros y desnacionalizaciones de sacerdotes, obispos y otros personajes destacados de la Iglesia Católica, así como el cierre de organizaciones religiosas y la confiscación de sus bienes.
“Durante la Semana Santa de 2023, se prohibieron manifestaciones católicas en todo el país, afectando al menos 3,176 procesiones y más de 3 millones de personas”, señala el informe.
“Las prohibiciones gubernamentales de actos religiosos públicos generaron temor. Muchos sacerdotes han huido y miles de feligreses temen asistir a misas por miedo a ser hostigados”, explica.
El informe subraya que entre los crímenes de lesa humanidad cometidos contra miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas, opositores o percibidos como tales, se incluyen encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos.
El GHREN también denunció el arresto, destierro y desnacionalización de periodistas, así como el cierre y confiscación de medios de comunicación. “Estas deportaciones constituyen persecución como crimen de lesa humanidad”, afirman los expertos.
En cuanto a las confiscaciones masivas, el grupo determinó que “no se realizaron conforme a un procedimiento legalmente establecido, las personas afectadas no pudieron interponer un recurso y no recibieron indemnización adecuada”.
Los expertos indican que los hallazgos permiten identificar a personas y grupos que cometieron violaciones graves de derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. Estas violaciones dan lugar a la responsabilidad penal individual bajo el derecho internacional penal o conforme a la legislación nicaragüense.
“El espectro de víctimas se ha ampliado, abarcando no solo a opositores, sino también a personas vinculadas a grupos con capacidad de movilización social autónoma, considerados una amenaza para el status quo del gobierno”, afirma el documento.
El informe podría servir como evidencia en un posible juicio penal internacional contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus funcionarios, responsabilizándolos directamente de estos crímenes.
