Más del 97% de las demandas por incumplimiento de pensión alimenticia en El Salvador se presentan contra hombres, según el informe más reciente de labores de la Procuraduría General de la República (PGR). Entre junio de 2024 y mayo de 2025, la institución registró más de 27,400 denuncias, que en conjunto representan deudas superiores a los $31 millones de dólares.
Durante ese periodo, 26,644 hombres y 828 mujeres fueron señalados por incumplir con el pago de cuotas alimenticias, lo que deja en evidencia una brecha marcada en el cumplimiento de las responsabilidades parentales. En total, 37,581 menores de edad —entre ellos casi la misma cantidad de niñas y niños— resultaron beneficiados con los pagos realizados.
El informe de la PGR detalla que los montos recaudados alcanzaron los $31,822,759.38, mientras que los pagos efectuados sumaron $31,996,043.22, debido a la cancelación de cuotas pendientes de años anteriores. La mayoría de estos fondos provienen de instituciones públicas, que aportaron más de 15 millones de dólares, seguidas por las empresas privadas y los depósitos personales de los deudores.
En el ámbito internacional, el dinero recibido desde el extranjero por concepto de cuotas alimenticias alcanzó $379,582, mientras que las transferencias hacia otros países totalizaron $372,419, lo que refleja que el fenómeno del impago también se extiende a familias salvadoreñas con vínculos fuera del país.
De acuerdo con el Código de Familia de El Salvador, los padres tienen la obligación legal de proporcionar alimentos a sus hijos menores. El artículo 254 establece que la pensión debe fijarse “en proporción a la capacidad económica del obligado y a la necesidad de quien la recibe”, tomando en cuenta la situación personal de ambas partes.
En la práctica, no existe una cuota mínima uniforme establecida por ley; los jueces determinan el monto según el caso, considerando ingresos, gastos y necesidades básicas de los hijos. Sin embargo, en los últimos años, diversas organizaciones han advertido que muchas cuotas fijadas resultan insuficientes frente al costo real de vida.
Para enfrentar la mora en los pagos, la PGR implementó en 2024 el Registro de Pensión Alimenticia (RPA), una herramienta tecnológica que centraliza información sobre las pensiones, facilita los trámites bancarios y busca garantizar que los niños, niñas y adolescentes reciban los recursos que les corresponden en tiempo y forma. Según la institución, este sistema representa un paso clave para fortalecer la transparencia y agilizar los procesos de cobro en todo el país.
