El cardenal Robert Francis Prevost, quien este jueves asumió el pontificado bajo el nombre de León XIV, fue uno de los obispos que en 2022 expresaron su solidaridad con la Iglesia católica en Nicaragua, víctima de una creciente persecución por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Prevost, entonces integrante de la Conferencia Episcopal Peruana, firmó una carta dirigida a monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en la que lamentaban “la agresión, destrucción de imágenes y símbolos religiosos católicos”, acciones que, señalaron, afectan “la sensibilidad religiosa de un pueblo creyente” y las “raíces cristianas” de la nación centroamericana.
“En medio del dolor y del perdón que llena el corazón de los católicos nicaragüenses, se eleva un clamor de justicia y de respeto”, indicaba el documento, enviado dos años antes de que monseñor Herrera fuera desterrado el 13 de noviembre de 2024.
La represión religiosa en Nicaragua se intensificó en 2024, cuando el Ministerio del Interior anunció la cancelación de la personalidad jurídica de más de 5,500 organizaciones no gubernamentales, entre ellas más de 25 entidades católicas, incluidas órdenes religiosas como los franciscanos, carmelitas y agustinos, además de capítulos diocesanos de Cáritas.
La medida, justificada por supuestos incumplimientos financieros, afectó también a iglesias evangélicas, organizaciones agrícolas, clubes cívicos y hasta federaciones deportivas. Según denuncias de organismos de derechos humanos, el régimen sandinista ha utilizado estas cancelaciones para asfixiar el espacio cívico, confiscar bienes y reforzar el control estatal.
Desde 2018, cuando estallaron las protestas contra la dictadura, se han cerrado al menos 5.000 ONG y medios independientes, en un proceso que expertos califican como la instauración de un régimen cada vez más totalitario.
Entre las órdenes religiosas afectadas destacan los Frailes Menores Capuchinos, las Hermanas Carmelitas del Divino Corazón de Jesús, las Misioneras Mercedarias de Berriz, los Hermanos de la Caridad y varias asociaciones salesianas.
Las acciones más recientes, según el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, buscan eliminar los últimos espacios de reunión y expresión ciudadana.
La Iglesia católica ha sido uno de los blancos principales de la represión. Según el observatorio independiente dirigido por la abogada exiliada Martha Patricia Molina, desde abril de 2018 se han registrado casi 10.000 actos de hostigamiento contra celebraciones religiosas y procesiones.
El informe más reciente documenta que 143 clérigos —incluyendo un nuncio, tres obispos, 136 sacerdotes y tres diáconos— junto a 11 seminaristas y 91 monjas han sido forzados al exilio o se les ha impedido retornar al país.
Las diócesis de Matagalpa y Estelí, bajo la responsabilidad del obispo Rolando Álvarez —actualmente desterrado en el Vaticano—, han perdido la mayoría de su clero.
“Como no hay sacerdotes en muchas zonas, los laicos están asumiendo funciones pastorales básicas”, explicó Molina a medios de comunicación.
Además de los católicos, las iglesias evangélicas, que en el pasado habían evitado confrontaciones directas con el régimen, también fueron objeto de cierres y represalias. Según el Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 21 pastores evangélicos han sido forzados al exilio y otras 420 organizaciones cristianas han sido canceladas.
