El Gobierno de Panamá ordenó la expropiación extraordinaria por interés social de 41 propiedades ubicadas en isla Margarita, provincia de Colón, donde desde 2013 la empresa china Panama Colon Container Port (PCCP) tenía una concesión para construir una terminal portuaria que nunca se concretó.
Mediante el Decreto Ejecutivo No. 90, emitido el 20 de octubre de 2025 y publicado en la Gaceta Oficial, el Ministerio de la Presidencia instruyó al Registro Público a traspasar los terrenos —que suman más de 27 hectáreas— al Estado panameño. También autorizó al Ministerio Público a iniciar los procesos judiciales para determinar la indemnización correspondiente.
La decisión fue justificada por el Ejecutivo debido a que la capacidad portuaria actual del país está al límite, lo que exige avanzar en proyectos claves como el de isla Margarita.
“Resulta inminente la construcción de estas facilidades portuarias en la ribera atlántica del Canal de Panamá”, señaló el Gobierno.
La concesión fue originalmente otorgada en 2013 durante la administración de Ricardo Martinelli, bajo el Contrato-Ley 43, a un grupo de inversores chinos sin experiencia portuaria. En 2016, estos traspasaron el proyecto a la firma Shanghai Gorgeous. Sin embargo, el avance fue escaso, pese a la inversión declarada de más de $180 millones en obras preliminares como dragado, compactación de suelos y muelle, según una auditoría de la Contraloría de Panamá divulgada en 2021.
En 2021, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) canceló la concesión por falta de pagos y retrasos, pero posteriormente la extendió hasta 2042. Sin embargo, en abril de este año, la AMP volvió a revocar el contrato.
Poco después, el presidente José Raúl Mulino se pronunció: “Es un contrato mal dado, es un contrato moroso en cuanto al pago de la concesión, y se llamará a una licitación internacional cuando corresponda”.
El pasado 23 de octubre, Mulino anunció que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) iniciará pronto consultas con empresas interesadas para lanzar en el primer trimestre de 2026 una licitación competitiva para la construcción y operación de dos nuevos puertos en su zona, como parte de un plan estratégico de expansión portuaria y servicios logísticos.
La nueva licitación para desarrollar un puerto en isla Margarita está prevista para inicios de 2026. No obstante, el proceso podría enfrentar retrasos judiciales: PCCP mantiene litigios con otras firmas, como Notarc Port Investment LLC y Landbridge Port Serviced (Hong Kong) Ltd, sobre la propiedad de acciones y los derechos sobre los terrenos, y existen disputas activas tanto en tribunales de Delaware (EE.UU.) como un arbitraje pendiente en Nueva York.
Otra firma china, Panamá Ports, propiedad del grupo CK Hutchison, enfrenta un pedido de nulidad de sus concesiones para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá. La Contraloría General de Panamá presentó en julio dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ)para declarar la inconstitucionalidad y nulidad del contrato de concesión entre el Estado y Panama Ports.