La niñez y adolescencia afrodescendiente en Panamá enfrenta profundas desigualdades estructurales, según el Primer Informe Defensorial presentado por la Defensoría del Pueblo y UNICEF, que advierte sobre vulneraciones persistentes en derechos básicos como educación, protección y una vida libre de violencias.
El informe fue presentado ante autoridades, organismos internacionales y organizaciones sociales, tras un proceso que incluyó visitas a comunidades, grupos focales en Colón y Panamá, consultas institucionales y revisión de fuentes oficiales y académicas.
De acuerdo con el documento, la población infantil y adolescente afrodescendiente asciende a 312,412 personas, lo que representa el 26 % de los menores de 18 años del país, según datos del censo de 2023.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, señaló que los testimonios recogidos reflejan desigualdades en salud, educación y protección, además de experiencias recurrentes de racismo y violencia que no son hechos aislados, sino parte de realidades estructurales.
Entre los principales hallazgos, el informe indica que dos de cada diez niños afrodescendientes viven en situación de pobreza, y que al menos 12,000 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años están fuera del sistema educativo.
También se advierte que las tasas de disciplina violenta en los hogares afrodescendientes son más altas que el promedio nacional, con un 51 % de casos frente al 45 % en la población general, especialmente en castigo corporal.
El documento revela además que más de 6,000 niños y adolescentes afrodescendientes trabajan, mientras que otros 6,000 se encuentran en uniones tempranas, en su mayoría niñas y adolescentes mujeres.
Los adolescentes consultados relataron situaciones frecuentes de discriminación y acoso escolar por su origen étnico, lo que impacta directamente en su permanencia y desarrollo dentro del sistema educativo.
UNICEF destacó que Panamá cuenta con compromisos legales e internacionales para proteger a la niñez, pero subrayó la necesidad de traducirlos en servicios efectivos, con enfoque territorial e interseccional, especialmente ante la falta de datos desagregados por etnia.
El informe plantea una hoja de ruta para que el Estado implemente políticas públicas focalizadas y promueve que la Defensoría del Pueblo realice monitoreos periódicos, con el objetivo de garantizar avances reales en los derechos de niñas, niños y adolescentes afrodescendientes en Panamá.