El gobierno panameño anunció que inició el proceso de cierre ordenado y definitivo de la minera de cobre en Donoso, además de las auditorías ambientales y los procesos para conocer la realidad de la planta y el impacto de esta en el medio ambiente.
En un comunicado, el Ministerio de Comercio e Industrias dijo que el 5 de diciembre Minera Panamá recibió la comunicación formal para el cese de sus operaciones.
Con esto, se comenzó el proceso formal de transición para la clausura de las instalaciones.
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Esto basado en la resolución de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia respecto al contrato con el gobierno y a las instrucciones del presidente Laurentino Cortizo, quien al hacer un millonario trato con la minera dio paso a las multitudinarias protestas durante 36 días que pusieron de cabeza al país.
Cuando Cortizo vio que los reclamos eran incontenibles, trató de lavarse las manos y dejó la responsabilidad en otros para decidir el futuro de la minería.
El contrato firmado por su gobierno le dejaba al estado $375 millones anuales en impuestos.
Las protestas le dejaron al país más de $2,000 millones en pérdidas al suspender el comercio, turismo y la movilidad en casi todo el país.
Ahora Panamá afronta un millonario arbitraje por “incumplimiento de contrato” que podría ascender hasta $10,000 millones.
