El 88 % de los costarricenses respiran aire con niveles nocivos para la salud humana, advirtió la Defensoría de los Habitantes que esta semana convocó una comisión con expertos para crear un plan de gestión de la contaminación atmosférica.
Costa Rica, reconocida por ser un pionero en la transición energética a nivel mundial, aún tiene una larga tarea para reducir los niveles de contaminación en el aire, que amenazan la salud respiratoria y es detonante de enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos reproductivos y cáncer.
@defensoriacr “Mejorar la calidad del aire en el país debe ser una tarea permanente porque contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, la protección de la salud pública y del ambiente”.
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“Esta problemática nos concierne a todos, pues afecta directamente la salud de la población”, señaló Angie Cruickshank, titular de la Defensoría de los Habitantes, quien citó que la Ley General de Salud delega la tarea a las autoridades sanitarias para controlar las normativas que protejan el medioambiente.
“Es necesario, por tanto, que el Ministerio de Salud asuma una actitud más proactiva en la exigencia del cumplimiento de las normativas de emisiones e inmisiones atmosféricas”, añadió Cruickshank.
A la convocatoria asistió Rosario Alfaro, experta en contaminación ambiental, quien explicó que los residuos de toxinas afectan el aparato respiratorio, el corazón, el aparato reproductor y las arterias de una persona.
Por su parte, Jorge Herrera presentó una medición PM 2.5 (por sus siglas en inglés), que calcula cuántas partículas inhalables finas se encuentran en el ambiente de 2.5 micrómetros o menores producidas, cuyo grosor es menor a un cabello humano y son generadas principalmente por vehículos, fábricas y otras actividades.
Según este estudio, San José tiene 27.1 microgramos/metro cúbico (µg/m3), mientras que la Ciudad de México, considerada una de las más contaminadas en América Latina, tiene 1.7 µg/m3.
“Requiere de un compromiso colectivo para lograr cambios significativos”, añadió Cruickshank, tras considerar que un plan de gestión debe involucrar políticas públicas que protejan “nuestro derecho a un ambiente sano y asegurar que la salud de la población se coloque siempre en primer lugar”.
También asistió Ronald Flores, experto en transporte público, quien consideró que la gestión vehicular produce desperdicio energético, deteriora la calidad del aire y produce gases contaminantes, como óxidos de azufre, nitrógeno, carbono, ozono y material particulado.
Costa Rica lidera la región en la descarbonización de su economía con un ambicioso plan lanzado en 2019, con el cual espera alcanzar cero emisiones netas en 2050. Este proyecto pasa porque el sector automotriz avance en la electromovilidad, responsable de la mitad de los gases de efecto invernadero.
Aunque la electromovilidad ha avanzado con los privados, el sector de transporte público ha alcanzado “niveles inaceptables” de contaminación con un modelo regulatorio de la década de 1960, según el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Por su parte, José Félix Rojas, de la Universidad Nacional de Costa Rica, evaluó que la normativa vigente en el país centroamericano cubre la contaminación procedente de grandes sectores, pero tiene limitantes para asegurar recursos fijos en un monitoreo constante de las condiciones del aire.
