La Policía bajo control de los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció la incautación de 23 kilos de cocaína en el puesto fronterizo de El Guasaule, atribuyendo de forma directa el cargamento a Costa Rica.
Sin embargo, el reporte surgió apenas horas después de que autoridades costarricenses, en coordinación con agencias internacionales, interceptaran en el Pacífico una lancha con más de una tonelada de droga presuntamente dirigida hacia Nicaragua, con la captura de dos costarricenses y un nicaragüense.
El contraste de versiones abre dudas. Mientras Costa Rica documenta operativos conjuntos con apoyo de Estados Unidos y Colombia, la dictadura nicaragüense difunde comunicados sin verificación independiente ni acceso a expedientes judiciales públicos.
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Relato oficial bajo sospecha
Según Managua, el cargamento incautado viajaba oculto en un furgón procedente de Costa Rica con destino a Guatemala.
No obstante, el régimen no presentó pruebas verificables, ni permitió acceso a fuentes independientes. Tampoco explicó cómo un flujo constante de droga logra cruzar territorio nicaragüense, pese a su proclamado “muro de contención”.
La falta de transparencia del régimen no es nueva.
En marzo, la misma Policía anunció la incautación de más de una tonelada de cocaína en Peñas Blancas, pero el caso permaneció sin acusación visible en el sistema judicial. Ese patrón debilita la credibilidad institucional.
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Antecedentes de opacidad y control político
Desde 2018, organismos internacionales han documentado la subordinación de la Policía y el Ejército a los intereses del poder político en Nicaragua.
Diversos informes señalan que estas fuerzas actúan sin controles democráticos ni rendición de cuentas, lo que limita la confianza en sus reportes.
En contraste, Costa Rica ha fortalecido su cooperación regional contra el narcotráfico, aumentando incautaciones y operaciones conjuntas detalladas.
El reciente decomiso de Costa Rica en altamar refuerza la hipótesis de rutas narcos que utilizan territorio nicaragüense como punto estratégico.
En este contexto, analistas advierten que los anuncios de Managua podrían responder más a una narrativa política que a una estrategia transparente de combate al narcotráfico.
