La dictadura de Nicaragua endureció los requisitos de ingreso para ciudadanos de Cuba y Venezuela, al exigir un mecanismo que exige demostrar solvencia económica, presentar antecedentes penales y contar con un patrocinador, en un proceso que especialistas comparan por su complejidad con antiguos procedimientos migratorios hacia Estados Unidos.
La medida se hizo más visible tras la eliminación del libre visado para los cubanos, vigente desde noviembre de 2021, lo que obliga ahora a estos viajeros a someterse al mismo sistema de control que desde hace varios años se aplica a los venezolanos.
Bajo este esquema, los consulados en La Habana y Caracas solo reciben los expedientes, pero la aprobación final corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería en Managua, lo que puede prolongar el trámite hasta dos meses.
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Entre los requisitos más estrictos figura la presentación de un compromiso notariado de manutención, mediante el cual un patrocinador en Nicaragua asume la responsabilidad financiera del viajero.
Además, cada solicitante —incluidos menores de edad— debe tramitar su visa de forma individual, presentar boleto de retorno y certificados de antecedentes policiales.
En el caso de los venezolanos, el proceso incluye el pago de una tasa consular, certificados médicos como la vacunación contra la fiebre amarilla y documentación que acredite ingresos o estados de cuenta bancarios recientes.
Requisitos iguales al parole “del imperio”
Las citas para iniciar el trámite se gestionan, en muchos casos, a través de canales digitales habilitados por las sedes diplomáticas.
Analistas señalan que el endurecimiento de los controles coincide con un cambio en el contexto internacional. Entre 2021 y 2024, Nicaragua mantuvo una política de facilidades migratorias que permitió el tránsito de cientos de miles de personas rumbo a Estados Unidos, fenómeno que Washington calificó como un factor de presión sobre su sistema fronterizo.
Desde finales de 2023, Estados Unidos incrementó las sanciones contra aerolíneas, agencias de viaje y operadores vinculados al traslado masivo de migrantes hacia Managua, al tiempo que la Administración del presidente Donald Trump advirtió que consideraba esa dinámica una amenaza para su seguridad nacional.
En este escenario, la imposición de requisitos más estrictos, similares a los que durante años exigió Estados Unidos a quienes solicitaban programas de ingreso humanitario o patrocinio, marca un giro en la política migratoria nicaragüense y sitúa al país entre los destinos con mayores restricciones de acceso legal en Centroamérica.
