La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares urgentes a favor de cuatro indígenas mayangnas encarcelados en Nicaragua y exigió al Estado adoptar acciones inmediatas para proteger su vida, integridad personal y salud, ante un riesgo que calificó de “grave e irreparable”.
La Resolución 9/2026, emitida el 4 de febrero, reconoce como beneficiarios a Rodrigo Bruno Arcángel, Olvier Bruno Palacios, Evertz Antonio Bruno Palacios y Tony Alberto Bruno Smith.
Ellos son integrantes de una familia de la comunidad Musawas que ejercía labores de guardabosques y defensa territorial en la Costa Caribe.
Los cuatro cumplen condenas de 25 años en el penal de máxima seguridad Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
Exigencias de protección y atención médica
La CIDH concluyó que los detenidos enfrentan una situación crítica por las condiciones de encierro y el deterioro de su salud física y mental.
El organismo también señaló que el Estado nicaragüense no respondió a una solicitud de información enviada en diciembre de 2025, lo que dejó sin explicación oficial las denuncias.
Lea además: CIDH exige liberar a presos políticos en Nicaragua
Entre las medidas ordenadas figuran garantizar acceso continuo a agua potable y alimentos suficientes, realizar una valoración médica integral y brindar tratamiento especializado.
La Comisión pidió además prevenir amenazas, hostigamiento o represalias, incluyendo sanciones por comunicarse en su idioma indígena, e informar en un plazo de 20 días sobre los avances.
Detenciones y cuestionamientos al proceso
Según la resolución, la Policía capturó a los cuatro indígenas el 13 de agosto de 2023 en Musawas y dos días después los presentó como parte de una supuesta estructura criminal.
En febrero de 2024, un juzgado de Managua los declaró culpables por delitos vinculados a crimen organizado y armas.
La CIDH recogió cuestionamientos al debido proceso, como barreras lingüísticas, limitaciones a la defensa y falta de acceso oportuno al expediente.
En 2025, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria calificó su privación de libertad como arbitraria y señaló que el juicio se realizó únicamente en español, pese a que los acusados tienen como lengua materna el mayangna.
El organismo situó el caso en un contexto más amplio de violencia y criminalización contra comunidades indígenas en la Costa Caribe, marcado por invasiones de colonos armados y ataques a territorios ancestrales, y concluyó que la situación de los cuatro guardabosques exige acciones urgentes del Estado.
