El abogado constitucionalista salvadoreño Enrique Anaya, un abierto crítico del presidente Nayib Bukele, fue detenido este sábado por órdenes de la Fiscalía General de la República bajo acusación de lavado de dinero y activos, según confirmó la institución en su cuenta oficial en la red social X a las 2:17 de la tarde.
La aprehensión se llevó a cabo en su residencia en Santa Tecla, una ciudad que forma parte del Gran San Salvador, luego de que allegados alertaran sobre la presencia de agentes policiales en las cercanías. Al momento del arresto, las llamadas a su teléfono móvil eran ya redirigidas, lo que generó preocupación entre su círculo cercano.
En un escueto comunicado, la FIscalía informó que Anaya será remitido a los tribunales en los próximos días, sin proporcionar detalles sobre la investigación o pruebas que respalden los cargos.
Voz crítica bajo arresto
Enrique Anaya se ha destacado como una de las voces críticas del gobierno del presidente Nayib Bukele, especialmente tras la polémica reelección presidencial, a la que ha calificado como “inconstitucional”.
En sus publicaciones recientes en X, Anaya denunció lo que considera un retroceso democrático en el país, citando a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó su “grave preocupación” por el cierre del espacio cívico y la persecución a defensores de derechos humanos en El Salvador.
Anaya también ha sido un férreo defensor de la abogada Ruth López, jefa anticorrupción de la organización Cristosal, actualmente detenida de manera provisional tras ser acusada primero de peculado y luego de enriquecimiento ilícito. La defensa ha denunciado irregularidades procesales, entre ellas la reserva total del caso, aprobada por el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador.
Escalada de tensiones entre el gobierno y la oposición
La detención de Anaya se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y sectores de la sociedad civil. Apenas dos días antes, el presidente Bukele publicó un mensaje en X acusando a la oposición de amenazar a funcionarios públicos y de tener vínculos con organizaciones como Open Society. “Eso constituye delito, y los días de impunidad ya terminaron”, advirtió el mandatario.
Organismos nacionales e internacionales han alertado sobre un patrón de detenciones contra figuras críticas, lo que algunos interpretan como una estrategia del Ejecutivo para silenciar a la disidencia. La captura de Anaya, un abogado con amplia trayectoria en derecho constitucional, ha intensificado estas preocupaciones.
