Deforestación y riesgo de inundaciones: el conflicto por el proyecto chino en la finca El Espino de El Salvador

Organizaciones ambientales y ciudadanos salvadoreños protestaron contra el proyecto del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), financiado por China, que se construirá en la finca El Espino, uno de los últimos pulmones naturales del área metropolitana de San Salvador. Los manifestantes advierten que la obra provocará graves daños ecológicos y aumentará el riesgo de inundaciones.

Decenas de personas se manifestaron en el centro de San Salvador en contra de la construcción.

El movimiento Todos Somos El Espino lideró el fin de semana una nueva jornada de protestas en el Centro Histórico de San Salvador. Con carteles, piñatas en forma de aves y máscaras para proteger su identidad, los participantes exigieron al presidente Nayib Bukele que se reubique el proyecto y que se detenga la deforestación de la finca El Espino.

Durante la manifestación, los ambientalistas alertaron que la tala masiva de árboles alterará el equilibrio ecológico del área metropolitana y agravará los desastres naturales. “Las inundaciones actuales van a parecer de risa en comparación con las que se vendrán si destruyen El Espino”, expresó un ciudadano a través de redes sociales.

Los organizadores han recolectado más de 7 mil firmas para exigir que las autoridades suspendan la construcción y presentarán la petición ante entidades estatales. Además, buscan crear conciencia sobre la pérdida de biodiversidad en una zona donde habitan aves, mamíferos y especies endémicas del país.

 

UES también advirtió sobre el impacto

En septiembre, la Universidad de El Salvador (UES) también se pronunció contra el proyecto, señalando que la finca El Espino es una reserva forestal y zona protectora del suelo, según el Decreto 432 de 1993. La institución pidió al gobierno salvadoreño y a China trasladar la construcción a un sitio donde no exista riesgo ambiental.

La UES advirtió que la urbanización afectaría la recarga hídrica que abastece de agua a gran parte de San Salvador y Santa Tecla. Además, cuestionó la falta de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) público, lo que, según la universidad, representa un “precedente grave” para la gobernanza ambiental del país.

El proyecto forma parte del Convenio Marco de Cooperación Económica y Técnica entre China y El Salvador. Ambientalistas salvadoreños temen que, como en otros países latinoamericanos donde se han desarrollado obras chinas sin controles ambientales adecuados, los costos ecológicos sean irreversibles.

 

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