El gobierno de Costa Rica y la dictadura de Nicaragua acordaron realizar una sesión de trabajo de alto nivel para enfrentar el aumento de la minería ilegal de oro y las redes de contrabando que operan en la zona fronteriza común, en particular en torno al estratégico río San Juan, bajo soberanía nicaragüense.
El anuncio lo realizó el Ejecutivo costarricense, que informó que en el encuentro participarán los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de ambos países.
La iniciativa nació cuando el canciller costarricense, Arnoldo André, envió una solicitud formal a su homólogo sandinista, Valdrack Jaentschke.
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Este ex gente de seguridad es canciller del tirano Daniel Ortega, cuyo régimen represivo y corrupto enfrenta señalamientos de organismos internacionales que lo acusan de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Aunque las autoridades aún no definen públicamente la sede del encuentro, San José propone realizar la reunión en la propia región fronteriza el sábado 28 de febrero.
El objetivo e concentrar el diálogo en mecanismos inmediatos para “evitar que el oro costarricense crucen por el río San Juan”, que —según denuncias oficiales— redes de contrabando utilizan como ruta estratégica para el tráfico ilícito.
Redes criminales y presión diplomática
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, afirmó un día antes que el “robo del oro de los costarricenses” lo ejecutan mineros ilegales que extraen material en suelo costarricense y lo trasladan hacia Nicaragua, donde lo procesan empresas chinas.
Según Zamora, se trata de un circuito transnacional consolidado, que incluye extracción, transporte fluvial y eventual lavado de activos.
Las zonas más vulnerables son Las Crucitas, en la provincia de Alajuela, y el cerro Las Conchuditas.4
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Costa Rica ha solicitado formalmente que Nicaragua incremente el patrullaje policial en el río San Juan, a fin de impedir el uso de su territorio para el comercio ilícito.
No obstante, analistas advierten que la cooperación bilateral enfrenta obstáculos políticos, dado el aislamiento internacional del gobierno de Ortega y las tensiones históricas entre ambos países.
El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, anunció que expondrá el tema como un problema de seguridad regional en la próxima reunión convocada por el presidente estadounidense Donald Trump con mandatarios latinoamericanos en Miami.