Honduras avanzará hacia un modelo de coordinación más amplio en materia de seguridad con la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una nueva estructura estatal que concentrará información financiera, telefónica y de inteligencia para apoyar las investigaciones contra organizaciones criminales de alto impacto.
La iniciativa forma parte de la reforma al Código Penal aprobada mediante el decreto legislativo 84-2026, con el que el gobierno de Nasry Asfura también endureció las penas contra el crimen organizado y clasificó a las maras, pandillas y estructuras de narcotráfico como organizaciones terroristas.
De acuerdo con el decreto, la Agencia Nacional contra el Crimen funcionará como un órgano adscrito al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por el presidente hondureño, y tendrá como principal misión coordinar el trabajo de las instituciones de seguridad e inteligencia.
Entre las entidades que deberán trabajar de forma conjunta se encuentran la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos estatales vinculados a la seguridad.
Información para las autoridades
Uno de los pilares de la nueva estrategia será la creación de una Plataforma de Integración de Información Criminal, diseñada para concentrar datos relevantes para investigaciones relacionadas con extorsión, narcotráfico y otras actividades delictivas.
La plataforma incluirá registros de números telefónicos asociados a actividades criminales, información bancaria, movimientos en plataformas de servicios financieros, pagos móviles y billeteras electrónicas que estén vinculados a procesos de investigación.
El decreto también establece que las empresas proveedoras de estos servicios deberán entregar la información solicitada por las autoridades en un plazo máximo de 30 días. Según el gobierno, el objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para identificar y desarticular redes criminales que operan dentro y fuera de Honduras, en un contexto regional marcado por la expansión del crimen organizado transnacional.