La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala podría enfrentar la devolución de recursos públicos tras la compra de un tomógrafo valorado en 2 millones de quetzales ($257,000) que permanece sin uso desde 2020. El caso fue documentado por la Contraloría General de Cuentas (CGC), que mantiene acciones civiles contra varios exfuncionarios vinculados a la adquisición.
La compra se realizó durante la emergencia sanitaria por covid-19 mediante un procedimiento excepcional autorizado bajo los estados de calamidad vigentes en ese momento. Sin embargo, una auditoría concluyó que la institución no contaba con las condiciones mínimas para poner en funcionamiento el equipo médico.
Según el informe, la PNC carecía de una sala blindada para instalar el tomógrafo, tampoco disponía de la infraestructura eléctrica necesaria ni de las licencias técnicas requeridas para operar un aparato de este tipo. Como resultado, el equipo nunca fue utilizado.
La Contraloría también determinó que la garantía otorgada por la empresa proveedora seguía vigente hasta octubre de 2025, pero no pudo hacerse efectiva porque la compañía contratada, T.A.G., S.A., dejó de operar en Guatemala antes de que se gestionaran las reclamaciones correspondientes.
El expediente incluye además declaraciones de funcionarios y asesores que participaron en el proceso. Uno de ellos aseguró que había advertido sobre la falta de condiciones para recibir el equipo, pero que posteriormente fue presionado para respaldar la compra mediante un dictamen favorable.
Las acciones civiles presentadas por la CGC alcanzan a siete personas relacionadas con la adquisición, entre ellas exautoridades policiales y responsables de emitir recomendaciones técnicas. Cada una podría enfrentar responsabilidades por Q285 mil 714 ($36 mil 700) dentro de un proceso para recuperar los fondos invertidos.
Para la Contraloría, el caso representa un perjuicio para el Estado de Guatemala debido a que el tomógrafo permanece abandonado desde octubre de 2020, existe riesgo de deterioro del equipo y nunca se cumplió el objetivo de mejorar la atención médica para agentes policiales y sus familias durante la pandemia.