Un reciente análisis encargado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) ha señalado un inminente colapso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), la principal terminal aérea de Costa Rica, en un lapso de 15 años, lo que supone una fecha crítica para el año 2038.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entidad rectora de la DGAC, ha detallado que este estudio proyecta un escenario donde la vida útil del AIJS se encuentra entre 15 y 20 años.
Por ende, el ministerio ha decidido mantener vigente el proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la localidad de Orotina, en Alajuela.
Durante la administración presidencial de Luis Solís Rivera (2014-2018), se presentó la iniciativa para erigir el nuevo aeropuerto en Orotina, en la región del pacífico norte de Costa Rica.
Sin embargo, en el gobierno subsiguiente de Carlos Alvarado (2018-2022), se consideró “inviable” y no recibió respaldo.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, destacó la relevancia de este análisis al afirmar: “El estudio dice que 15 años es razonable, 20 años es ya estirándolo hacia el máximo. Y eso implica que el aeropuerto de Orotina sí tiene que seguir adelante”.
Se subraya que el aeropuerto actual, Juan Santamaría, inaugurado en 1958 en Alajuela, a 18 kilómetros de la capital San José, no podrá dar abasto a la demanda de pasajeros y vuelos proyectados para los próximos 15 a 20 años.
Se considera que la llanura de Orotina es la ubicación preferible por razones climáticas, entre otras. No obstante, se recalca que es necesario comenzar a planificar este proyecto.
El monto final del proyecto aún no se ha determinado, ya que está sujeto a estimaciones basadas en estudios posteriores.
En mayo de 2017, el gobierno anunció los resultados del estudio de emplazamiento realizado por la firma británica Mott McDonald, el cual tuvo un costo de $1.5 millones financiados por la Corporación Centroamericana de Navegación Aérea (Cocesna). Según estimaciones de la consultora que analizó el proyecto, la obra requeriría más de $2.200 millones.
El cronograma inicial establecido en 2017 incluía el inicio de las expropiaciones de alrededor de 370 propiedades en las áreas de Mastate, Coyolar y La Ceiba, pertenecientes a más de 400 propietarios.
Sin embargo, a la fecha, ninguna expropiación se ha llevado a cabo y no hay visos del proyecto.
