El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este viernes la eliminación total del programa de reunificación familiar (FRP) para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y otros cuatro países, argumentando abusos, fraudes y brechas de seguridad en el proceso.
La medida, respaldada por una notificación oficial en el Registro Federal, también afecta a migrantes de Colombia, Cuba, Ecuador y Haití, así como a sus familiares inmediatos. El DHS explicó que la decisión forma parte de una política migratoria “de sentido común” y en concordancia con las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.
“El deseo de reunir a las familias no supera la responsabilidad del gobierno de prevenir fraudes y abusos”, indicó el comunicado oficial. La administración denunció que los programas FRP fueron utilizados para eludir procesos legales migratorios y que presentaban riesgos de seguridad por una verificación insuficiente de los beneficiarios.
De acuerdo con el DHS, muchos de los migrantes admitidos bajo este programa “no fueron evaluados adecuadamente” y, en algunos casos, pudieron haber ingresado al país sin pasar por los filtros consulares tradicionales. A partir de ahora, la figura del parole humanitario volverá a aplicarse caso por caso, como lo estipula la legislación estadounidense.
El gobierno aclaró que los inmigrantes que ya se encuentran en el país bajo el amparo del FRP deberán salir de Estados Unidos antes del 14 de enero de 2026, a menos que tengan una solicitud pendiente de residencia permanente (Formulario I-485) enviada antes del 15 de diciembre de 2025 y aún en trámite en esa fecha. Si la solicitud es rechazada, el permiso de permanencia será revocado y el migrante deberá abandonar el país de inmediato.
Además, la revocación del FRP implica la cancelación automática de la autorización de trabajo, según el DHS. Cada migrante afectado será notificado de forma individual sobre la terminación de su estatus migratorio y su permiso laboral.
Para facilitar su salida, las autoridades estadounidenses permitirán a los migrantes utilizar la aplicación CBP One y ofrecerán incentivos como apoyo financiero, documentos de viaje y la exoneración de multas civiles, siempre que cumplan con los requisitos.
El programa FRP fue expandido en 2023 por la administración de Joe Biden como una vía legal para frenar el ingreso irregular y mantener unidas a las familias mientras se resolvía su estatus migratorio. El gobierno actual considera que ese esquema fue “mal utilizado” y generó “grietas legales que actores fraudulentos pudieron aprovechar”, según concluyó el DHS.
