En 2024, Costa Rica registró una amenaza de tiroteo frente o cerca de un centro educativo cada 4 días, lo que llevó a la activación del protocolo de seguridad en 43 ocasiones, 13 más que en 2023, informó el Ministerio de Educación Pública (MEP).
La cifra fue confirmada por la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP en una consulta realizada por el Diario Extra, en la que también se aclaró que la detección o decomiso de armas dentro de los centros educativos es competencia del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Si se suman ambos datos, en promedio se activó el protocolo de seguridad al menos una vez por semana durante el calendario lectivo de 2024, lo que ha encendido las alarmas en el sector educativo y de seguridad del país.
Un plan para responder a la violencia
En el primer día del curso lectivo 2025, el MEP anunció la elaboración de un plan interinstitucional para atender situaciones de violencia armada en las escuelas y colegios del país.
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, explicó al Diario Extra que la institución no actualizará el protocolo vigente desde 2022, sino que desarrollará “una política, una estrategia con Unicef para abordar integralmente estos eventos en los centros educativos”.

El plan contará con la participación del Ministerio Público, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) con el fin de reducir la cantidad de incidentes violentos.
“Este tema es transversal a todo el sistema educativo y debe ser manejado por docentes, administrativos, directores y toda la comunidad educativa. No podemos delegarlo solo en una instancia, por eso lo estamos desarrollando con diversas instituciones”, subrayó Sánchez.
Por su parte, Enid Castro, jefa de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, indicó que se han intensificado los esfuerzos para prevenir la violencia en los centros educativos, pero destacó que “se requiere también del compromiso de todos, en especial de padres, madres y encargados legales de los estudiantes”.
Hilda González, directora regional de Educación de San José-Central, confirmó que la capital es la provincia con mayor cantidad de homicidios en lo que va de 2025, con 23 muertes registradas.
“Alajuelita es un circuito donde día a día vemos afectada la seguridad de nuestros alumnos. Estamos organizando fuerzas vivas con la municipalidad, la Iglesia católica y el PANI para realizar una marcha por la paz y pedir protección para nuestra población educativa tan vulnerable”, manifestó González.
Detalló que las zonas donde los estudiantes corren mayor riesgo son Alajuelita, Sagrada Familia, los Hatillos, Curridabat y Tirrases.
“Debemos aplicar un engranaje interinstitucional en la aplicación del protocolo y garantizar que vida estudiantil y derechos estudiantiles sean pilares de la protección y promoción de la paz para nuestra niñez y adolescencia”, enfatizó.
Más prevención ante la violencia en las aulas
El aumento de las amenazas de tiroteo y la inseguridad en los centros educativos ha llevado a sindicatos y expertos a exigir medidas preventivas más efectivas.
Vivian Chaves, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), criticó que el enfoque del MEP se centre en protocolos de respuesta y no en la prevención.
“Más allá del protocolo en el acto, es fundamental trabajar en la prevención, y eso no se está tomando con la seriedad y efectividad que se requiere. Los recortes presupuestarios han limitado la formación integral de los estudiantes”, afirmó Chaves al Diario Extra.
La sindicalista consideró que para reducir la violencia escolar se necesita mayor inversión en cultura, deporte y arte, actividades que pueden alejar a los jóvenes de las bandas criminales y otros entornos de riesgo.
Casos recientes de violencia
Uno de los hechos más impactantes de 2024 ocurrió el 11 de octubre en el Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, en Orotina, cuando estudiantes quedaron en medio de un fuego cruzado durante una persecución policial.
Además, en los primeros días de 2025 ya se han registrado muertes de menores en actos violentos. El primer caso ocurrió el 9 de enero en la Zona Norte, donde una niña de siete años murió de manera colateral en un tiroteo.
Otro incidente ocurrió en Desamparados de Alajuela, donde Jeyron Parra, un joven recién graduado del colegio, fue asesinado.