Diputados de distintas fracciones presentaron ante la Asamblea Legislativa el expediente 25.776, una iniciativa que pretende reforzar la protección de la salud, la dignidad y la integridad de las personas. El texto ingresó el 9 de septiembre y todavía está pendiente de ser enviado a comisión. Delfino.cr
La propuesta define como prácticas sancionables aquellas destinadas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, conocidas técnicamente como ECOSIG.
La prohibición alcanzaría a quienes realicen, impongan, financien, promocionen u ofrezcan estos procedimientos. Los profesionales de la salud tampoco podrían recomendarlos ni remitir pacientes a centros u organizaciones que los practiquen.
Las sanciones económicas oscilarían entre uno y cinco salarios base. Como este indicador se mantiene en ₡462,200 para 2026, la penalización máxima alcanzaría ₡2.31 millones, equivalentes a aproximadamente $4,600 dólares.
El Ministerio de Salud también podría ordenar el cese inmediato de las prácticas. En casos de reincidencia o riesgo grave para la integridad de las víctimas, la autoridad tendría la facultad de cancelar definitivamente el permiso sanitario.
Para determinar la gravedad de cada infracción se considerarían factores como la edad y vulnerabilidad de la persona afectada, el uso de violencia, amenazas, engaño, aislamiento o privación de libertad, además del daño causado y el beneficio económico obtenido.
El texto aclara que no se sancionarían opiniones, sermones, convicciones religiosas ni acompañamientos espirituales solicitados libremente, siempre que no busquen modificar o suprimir la orientación sexual o identidad de una persona.
La iniciativa retoma un proyecto presentado en 2018 que fue archivado al vencer su plazo legislativo, sin recibir un rechazo de fondo. Sus promotores sostienen que la nueva versión incorpora evidencia científica reciente sobre los riesgos de estas prácticas, vinculadas con depresión, ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio.