La Asamblea Legislativa de Costa Rica celebró esta semana el respaldo unánime de la Sala Constitucional a la propuesta de reforma que permitiría la extradición de ciudadanos nacionales implicados en delitos de narcotráfico y terrorismo.
La medida ha sido descrita como un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en el país.
La Sala Constitucional resolvió que la propuesta, que reforma el artículo 32 de la Constitución Política, no tiene vicios de inconstitucionalidad, lo que despeja el camino para que el proyecto siga su curso legislativo.
La reforma había sido impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada en primer debate por los diputados antes de ser enviada al tribunal para su revisión.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, manifestó su satisfacción por el fallo judicial a través de un comunicado emitido por su equipo de prensa.
“Es un gran avance en la lucha contra el crimen organizado y una muestra clara del compromiso de esta Asamblea en garantizar la seguridad ciudadana”, afirmó Arias.
Por su parte, Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y miembro de la comisión especial que recomendó la aprobación de la reforma, señaló que la resolución de la Sala es un respaldo al trabajo parlamentario en pro de dotar a las autoridades de herramientas efectivas contra el narcotráfico.
“El fallo nos permite seguir avanzando en nuestra agenda de combate al crimen organizado. Es una excelente noticia para el país”, subrayó Ramírez.
El diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, aunque mostró su satisfacción por el avance del proyecto, destacó que hubiera sido ideal incluir otros delitos, como la trata de personas, en el alcance de la reforma.
Sin embargo, valoró positivamente el consenso alcanzado para permitir la extradición en casos de narcotráfico y terrorismo.
Una vez que el fallo sea notificado oficialmente, la reforma podrá ser votada en un segundo debate, lo que permitirá su posterior discusión en los próximos periodos legislativos para su eventual aprobación definitiva.
El proyecto necesitará superar dos debates más el próximo año, antes de que se remita para su firma al presidente Rodrigo Chaves.
Los magistrados indicaron que la reforma se ajusta a los tratados internacionales suscritos por Costa Rica, que contemplan la extradición como una herramienta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El magistrado instructor, Paul Rueda, destacó que la modificación constitucional no afecta derechos fundamentales, ya que su objetivo es combatir delitos graves que atentan contra la seguridad nacional.
“Con esta resolución, Costa Rica avanza hacia la consolidación de su compromiso en la lucha contra los flagelos del terrorismo y el tráfico internacional de drogas, al alinearse con los tratados internacionales que hemos ratificado”, expresó Rueda.
El fallo también subraya la relevancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, uno de los principales desafíos para la seguridad en la región centroamericana.
