La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la noche del jueves la concesión otorgada a la empresa china Panama Ports Company (PPC) para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, decisión que deja sin efecto legal el contrato firmado hace casi tres décadas.
La resolución fue adoptada por el Pleno del máximo tribunal panameño el lunes 29 de enero de 2026, tras analizar dos demandas que cuestionaban la legalidad de la Ley No. 5 de 1997, sus adendas y la prórroga firmada con la filial del conglomerado chino CK Hutchison Holdings Limited.
El contrato permitió a la compañía administrar terminales portuarias de carga y pasajeros en ambas costas del Canal de Panamá. Sin embargo, una auditoría reveló que el país dejó de percibir más de $1,200 millones durante los 24 años de concesión, lo que motivó al contralor Anel Flores a presentar una demanda ante la Corte en 2025.
“No solo se trata de un contrato leonino. Lo que encontramos fue un contrato abusivo que atentaba directamente contra los intereses del país”, afirmó Flores entonces.
Según la Contraloría panameña, de los $1,337 millones que debía recibir el Estado por concepto de concesiones, solo ingresaron $483 millones, además de $349 millones en pérdidas fiscales debido a exenciones tributarias. Flores responsabilizó a la corrupción por la falta de supervisión estatal. “Porque se lo han permitido. Porque aquí todo el mundo sabe que los maletines llovían y entonces todo el mundo veía para otro lado”, denunció.
La auditoría identificó además que las tarifas por movimiento de contenedores no fueron revisadas desde 2010, lo que generó una brecha de $449 millones en perjuicio del Estado. A esto se suma el intento de prórroga del contrato hasta 2047, que fue rechazado por la Contraloría.
Otra demanda fue presentada por los abogados Julio Macías y Norman Castro y argumentó que el contrato violaba al menos diez artículos de la Constitución de Panamá.
La disputa, que también tiene implicaciones geopolíticas, se da en un contexto de creciente tensión entre China y Estados Unidos por el control de infraestructuras estratégicas en América Latina. Washington ha presionado para evitar la venta de los puertos panameños al consorcio estadounidense Black Rock, una operación bloqueada por Pekín.
