El exvicepresidente de Panamá y excandidato presidencial José Gabriel Carrizo permanece bajo arresto domiciliario tras una decisión de una jueza de garantías, quien también ordenó impedimento de salida del país mientras avanza la investigación penal.
La jueza Oris Medina legalizó la aprehensión e imputó cargos por el delito de enriquecimiento injustificado durante una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora. La diligencia se realizó luego de que Carrizo fuera detenido a su llegada al país proveniente de Guatemala.
La juzgadora fundamentó la medida cautelar en la gravedad del delito y en la existencia de riesgos procesales, según expuso durante la audiencia de garantías.
Audiencia se realizó tras detención en aeropuerto
La audiencia se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Carrizo llegó escoltado por unidades especiales de la Policía Nacional, luego de ser aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, procedente de Guatemala.
Previamente, el Tribunal de Garantías admitió la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público, representado por las fiscales anticorrupción Adela Cedeño y Patricia Herrera.
Apelaciones quedan programadas
Durante la audiencia, tanto el Ministerio Público como la defensa anunciaron recursos de apelación contra la medida cautelar. El tribunal fijó la audiencia para resolverlos el 12 de febrero, a las 8:30 a. m. (9:30 para el resto de Centroamérica), en la Sala 3 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
Después de ordenar como medida cautelar su arresto domiciliario, José Gabriel Carrizo sale del SPA, mencionando que va a denunciar las irregularidades del contralor entre gritos de alegría por su salida y fuerte forcejeo que involucró a los medios de comunicación presentes. pic.twitter.com/gSd2wZORhm
— Herrera Noticias (@HerreraNoticia) January 29, 2026
Carrizo estuvo asistido por los abogados Roberto Moreno, Pedro Meilán y Leonardo Paul Aparicio.
Defensa plantea advertencia de inconstitucionalidad
Más temprano, la defensa presentó una advertencia de inconstitucionalidad, lo que provocó la suspensión temporal de la audiencia. Según su argumento, el caso debería definirse en otra instancia judicial.
La defensa sostiene que Carrizo, tras haber sido vicepresidente, tendría derecho a incorporarse al Parlamento Centroamericano, lo que —según su postura— modificaría la competencia del proceso penal.
Investigación surge por informe de Contraloría
La causa penal tiene origen en un informe de la Contraloría General de la República, que denunció un presunto enriquecimiento injustificado por 1.9 millones de dólares.
En noviembre de 2025, la Contraloría ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias por hasta 1.3 millones de dólares, dentro de un proceso administrativo previo.
La resolución incluyó cuentas en varias entidades bancarias, además de vehículos y posibles créditos contra el Estado. El documento también advirtió que el secuestro podría ampliarse a otros bienes.
Carrizo fue vicepresidente de Laurentino Cortizo, de 2019 a 2024.
