La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras declaró este martes “sin lugar” dos recursos de inconstitucionalidad contra el decreto 04-2022, conocido como el “pacto de impunidad”.
La ley concede “amnistía general, amplia e incondicional” a funcionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya, quien ocupó la presidencia de 2006 a 2009.
El portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, informó que la decisión se tomó por mayoría, con una votación de 10 a favor y 5 en contra.
La histórica resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ratifica la constitucionalidad del Decreto 04-2022, pone fin a los cruentos ataques del golpismo y a la persecución política desatada contra las víctimas del violento golpe de Estado del 28 de junio. Este…
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) October 9, 2024
Duarte destacó que lo aprobado por el Congreso Nacional es constitucional, y subrayó que la resolución fue criticada por diversos sectores, incluyendo abogados y analistas.
La ley, promulgada en 2022 por la actual presidenta Xiomara Castro, busca amparar a aquellos que fueron acusados o procesados por oponerse al golpe de Estado que derrocó a Zelaya en 2009, así como a quienes fueron perseguidos por su oposición política.
En una decisión por mayoría de votos (10 a 5), #CSJ declara Sin Lugar los recursos de inconstitucionalidad presentados contra Decreto 04-2022, lo que significa que el contenido de la Ley, en cada una de sus partes, se considera apegada a la Constitución de la República pic.twitter.com/HKmugeROFD
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) October 9, 2024
Sin embargo, la medida ha sido rechazada por la oposición y algunos sectores de la sociedad, que consideran que favorece la impunidad y obstaculiza la llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una de las promesas de Castro al asumir la presidencia.
La decisión del tribunal también fue criticada por el Partido Liberal de Honduras, que afirmó que el fallo representa un “manto de impunidad” diseñado para proteger a allegados de Zelaya.
Los liberales denunciaron la politización del Poder Judicial y señalaron que la amnistía beneficia exclusivamente al oficialismo.
Naciones Unidas ha instado a reformas legales para facilitar la creación de la CICIH, en un contexto donde la corrupción sigue siendo un problema grave en el país.
La presidenta Castro dijo que la decisión “es histórica” y que pone fin “a los cruentos ataques del golpismo y a la persecución política desatada contra las víctimas del violento golpe de Estado del 28 de junio” de 2009, cuando derrocaron a su esposo, Manuel Zelaya.
