El Tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica analizará este lunes la acusación penal presentada por la Fiscalía General contra el presidente Rodrigo Chaves Robles.
La causa está relacionada con el presunto delito de concusión en el marco del caso BCIE-Bulgarelli.
Este análisis surge tras el cierre del estudio de la acusación por parte de la Sala Tercera de Casación Penal, el cual fue remitido a la Secretaría General de la Corte hace dos semanas.
Definición clave: ¿Se envía el caso a los diputados?
El paso que corresponde ahora a los magistrados es decidir si la acusación será enviada a la Asamblea Legislativa, donde se votará el eventual levantamiento de la inmunidad constitucional del presidente y de otros implicados.
Sin embargo, podría no haber una resolución inmediata, ya que se requiere un análisis detallado del expediente y la confirmación de los jueces que integrarán el tribunal para este proceso.
Antecedentes y contenido de la acusación
La Fiscalía acusa a Chaves de haber inducido al productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas a transferir $32,000 a Federico Cruz Saravanja, conocido como “Choreco”, exasesor de campaña y amigo personal del mandatario, como condición para mantener un contrato para producir contenidos de comunicación para Casa Presidencial.
El contrato fue financiado con recursos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y fue adjudicado entre octubre de 2022 y octubre de 2023 por un monto de 400 mil dólares.
El testimonio de Bulgarelli, considerado testigo clave, indica que fue presionado por Chaves y Jorge Rodríguez Vives, entonces jefe de despacho presidencial y actual ministro de Cultura, para otorgar un beneficio económico indebido a Cruz Saravanja.
Audios, instrucciones y contratos bajo la lupa
Dentro de las pruebas, se incluyen audios en los que se escucha a Chaves pidiendo “cariñitos” y servicios específicos para mejorar su imagen, supuestamente financiados con fondos del BCIE.
La acusación también detalla que Bulgarelli fue instruido para redactar los términos de referencia del contrato que finalmente se le adjudicó.
La causa penal principal lleva el número 25-000044-0033-PE, mientras que Chaves también aparece como imputado en otro expediente relacionado: 25-000019-0033-PE.
Procedimiento especial para miembros de Supremos Poderes
En estos casos, corresponde a la Sala Tercera determinar si existe delito. Si se confirma, el expediente se remite al Congreso. Ahí se nombra una comisión legislativa que recomienda si debe levantarse la inmunidad al presidente y a los demás acusados. Para aprobar esta medida se requiere el voto favorable de al menos 38 diputados.
En caso de que se levante el fuero, la Corte designará un magistrado instructor para continuar con el proceso penal, lo que incluye la recepción de pruebas y la indagatoria. Si el caso avanza, los magistrados de la Sala de Casación Penal asumirían el juicio.
