El Ministerio del Interior de Nicaragua ordenó este lunes la cancelación de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), una organización fundada en 1979 por comunicadores afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y que hasta ahora mantenía su respaldo incondicional a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La medida fue oficializada mediante un acuerdo ministerial publicado en el diario oficial La Gaceta, junto con la cancelación de otras cinco organizaciones sin fines de lucro por “incumplimientos legales”, como no presentar sus estados financieros correspondientes al período 2023-2024 y tener juntas directivas vencidas desde hace varios años.
En el caso de la UPN, la última directiva fue registrada en 2017.
Pese a su fidelidad al discurso oficial y a sus reiteradas muestras de apoyo al régimen, la organización fue incluida en la creciente lista de entidades que han sido suprimidas por el Ejecutivo desde el estallido de la crisis política en abril de 2018.
Según datos de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia (ACD), más de 5.400 ONG han sido canceladas por el régimen en los últimos seis años, quedando activas menos de 2,000.
De aliada a cancelada
La UPN nació tras el triunfo de la revolución sandinista, como un gremio de periodistas alineados ideológicamente con el FSLN.
Durante más de cuatro décadas, su dirigencia expresó públicamente su respaldo a los distintos gobiernos de Ortega, y desde 2007 —con el retorno del sandinismo al poder— se convirtió en una aliada discursiva del régimen.
Incluso en los momentos más críticos de la represión —tras las protestas civiles de 2018, en las que organismos internacionales contabilizaron al menos 355 muertos y miles de heridos—, la UPN guardó silencio o defendió las acciones del Ejecutivo.
En 2023 la UPN emitió un pronunciamiento conjunto en respaldo a la decisión del régimen de romper relaciones con la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que acusaron de “injerencista”.
En el texto, ratificaron su “respaldo al presidente Daniel Ortega en procurar la paz y las buenas relaciones internacionales, con respeto a la soberanía”.
Aun en abril de 2024, la agrupación condenó “los actos del fallido golpe de Estado de 2018”, pero respaldó los llamados “a la paz y el diálogo” del régimen.
Control absoluto del espacio mediático
Desde 2018, la dictadura ha desmantelado casi por completo el ecosistema informativo independiente.
Casi 300 periodistas se han exiliado, decenas de radios y canales han sido cerrados, y el acceso a fuentes públicas es prácticamente inexistente. La narrativa oficial se impone desde medios estatales y paraestatales controlados por la familia Ortega Murillo.
En este contexto, organizaciones como la UPN funcionaban más como entes decorativos o de propaganda, que como gremios representativos. Su disolución formal parece confirmar que ni siquiera ese papel es ya indispensable para el régimen, que ha desplazado toda representación institucional hacia el partido único.
