La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este jueves la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la desaparición forzada del coronel en retiro José Ramón Silva Reyes, ocurrida desde el 31 de octubre de 1983, durante el contexto del conflicto armado interno y la persecución política posterior al triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Según la sentencia del caso Silva Reyes y otros vs. Nicaragua, el militar, exmiembro de la extinta Guardia Nacional, se encontraba asilado en la Embajada de Guatemala en Managua desde 1979 junto a su familia.
El 30 de octubre de 1983 fue inducido a salir del recinto diplomático mediante engaños y posteriormente detenido por agentes de la Dirección General de Seguridad del Estado, quienes lo habrían trasladado a un centro clandestino donde fue torturado y ejecutado. Desde entonces, su paradero es desconocido.
La Corte concluyó que “la detención fue arbitraria, sin orden judicial, en condiciones de clandestinidad y en un entorno de represión contra exintegrantes de la Guardia Nacional”, lo cual colocó a Silva Reyes en un riesgo real de violencia, violando sus derechos a la vida, la integridad personal y el reconocimiento de su personalidad jurídica.
El tribunal también determinó que el Estado de Nicaragua no realizó acciones efectivas para buscar a la víctima ni esclarecer los hechos, pese a haber tenido conocimiento del caso desde al menos 1990. Las gestiones de búsqueda emprendidas por sus familiares fueron ignoradas por el Estado, que posteriormente alegó prescripción del caso.
En la resolución se expone que “la desaparición generó afectaciones profundas y prolongadas en sus familiares, quienes han sufrido angustia, estigmatización e incertidumbre durante más de 40 años”. La Corte reconoció además la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los hijos del desaparecido, del derecho a la protección de la familia y, en el caso de su hija Alba Silva —quien tenía 15 años al momento de los hechos—, la violación del derecho de la niñez.
Ante estas violaciones, el tribunal ordenó al Estado nicaragüense iniciar de inmediato una búsqueda exhaustiva del coronel Silva Reyes, abrir investigaciones penales efectivas, identificar y sancionar a los responsables, y ejecutar medidas de reparación a favor de sus familiares.
El tribunal estuvo compuesto por los jueces Nancy Hernández López (Costa Rica), Rodrigo Mudrovitsch (Brasil), Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay), Verónica Gómez (Argentina), Patricia Pérez Goldberg (Chile), Alberto Borea Odría (Perú) y Diego Moreno Rodríguez (Paraguay). Los jueces Mudrovitsch y Pérez Manrique emitieron un voto conjunto parcialmente disidente, mientras que el juez Borea Odría presentó un voto concurrente.
