La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala emitió órdenes de captura en contra de varias figuras de alto perfil, entre ellas el exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y actual embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez Gómez, así como la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón.
La decisión responde a una solicitud presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público guatemalteco, dirigida por un fiscal sancionado internacionalmente por promover la corrupción y atentar contra la democracia.
Ambos están señalados por su supuesta participación en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, dentro del marco de la investigación sobre el caso Odebrecht, según informó el MP este lunes 2 de junio.
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El licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se refiere a nuevas acciones judiciales solicitadas por la fiscalía, en el #CasoOdebrecht.#MPfuerteYfirme 💪#FECI pic.twitter.com/vk4ikOTj6Q
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 2, 2025
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, también anunció que la Corte declaró en rebeldía y ordenó la aprehensión de la exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, y de la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Véliz.
La lista de personas buscadas se amplía e incluye a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI; Eva Xiomara Sosa, exfiscal adjunta; Juan Pablo Carrasco de Groot, expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Estadounidense (AmCham); Luis David Gaitán, excomisionado de la CICIG; y los exfiscales Rudy Herrera Lemus y Ami Girón Rodas.
De acuerdo con las autoridades, esta red habría operado para beneficiar a ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, generando un perjuicio económico al Estado guatemalteco estimado en más de 3 mil millones de quetzales.
Durante su paso por la CICIG entre 2014 y 2017, Luz Adriana Camargo lideró el Departamento de Investigación y Litigio, desde donde impulsó procesos judiciales contra decenas de actores políticos, empresarios y funcionarios acusados de integrar redes criminales vinculadas al lavado de dinero y corrupción estructural.
La emisión de estas órdenes de captura marca un nuevo capítulo en la prolongada controversia que rodea al desmantelamiento de la CICIG y al manejo judicial de los casos de alto impacto en Guatemala.
