La iniciativa propuesta en el Congreso guatemalteco busca dar un paso firme frente al debate por la iniciativa 5692, presentada en 2020 por el entonces gobierno de Alejandro Giammattei, que pretendía declarar a estas estructuras como grupos terroristas.
La instalación de la mesa técnica fue convocada para el 3 de octubre a las 14 horas, con la participación de los jefes de bloque del Legislativo. Ramos adelantó que el objetivo es presentar en un plazo máximo de mes y medio una propuesta más completa que modifique al menos diez leyes relacionadas con la seguridad y la justicia.
El legislador explicó que el enfoque no solo será represivo, sino también preventivo, especialmente en lo relacionado al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estas estructuras criminales.
Ramos señaló que este fenómeno convierte a los menores en “carne de cañón” para extorsionar o cometer ataques armados, por lo que se pretende crear una figura penal que sancione con mayor dureza esa actividad.
Otro punto clave de la propuesta es la construcción de una cárcel de máxima seguridad destinada tanto a prisión preventiva como al cumplimiento de condenas.
Según Ramos, el aislamiento absoluto de los líderes de estas estructuras es fundamental para frenar la dirección del crimen organizado desde los centros penitenciarios.
La mesa técnica también abordará el aumento de sanciones para delitos relacionados con pandillas, incluyendo la extorsión, el lavado de dinero y la asociación ilícita. Además, se busca fortalecer la capacidad investigativa del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, así como establecer protocolos para la atención integral de las víctimas.
De acuerdo con Ramos, actualmente más de 7,000 víctimas denuncian cada año casos de extorsión en Guatemala, lo que evidencia la magnitud del problema.
“Los guatemaltecos no podemos acostumbrarnos a vivir bajo el acecho de un fenómeno que roba vidas, destruye emprendimientos y le arrebata la libertad a las comunidades”.
La iniciativa de Giammattei, que sigue en discusión desde hace cuatro años y contemplaba reformas puntuales al Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo con la propuesta de la mesa técnica se abre el camino hacia un proyecto más amplio y con respaldo político para enfrentar a las pandillas de manera estructural.
