Una empresaria de Honduras denunció penalmente esta semana al canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, por la supuesta administración fraudulenta de $4 millones entregados en custodia a la fiduciaria costarricense ATA Trust Company S. A., entidad que el funcionario presidía al momento del contrato.
Dulce María Mejía Cosco, gerente general de SMG Comercial S. A., contrató en septiembre de 2021 los servicios de ATA Trust para administrar y resguardar el capital de su empresa bajo sus instrucciones. No obstante, un año después, tras solicitar una auditoría interna, la firma hondureña se encontró con la negativa de ATA Trust a entregar la documentación financiera.
Según el abogado de Mejía, Rogelio Ramírez, la fiduciaria alegó que el dinero estaba depositado en una cuenta conjunta con otros fondos administrados por la misma empresa, lo cual calificó como una práctica irregular. Ante ello, SMG exigió la devolución inmediata del capital, pero la fiduciaria, representada por Philip André Sánchez y Alonso Vargas Araya, se negó a cumplir con esa instrucción.
El caso es investigado bajo la causa 25-000040-0030-PE por la Fiscalía General de Costa Rica, ya que André Tinoco goza de fuero por ser ministro. Además, se abrió un expediente separado contra los representantes legales de ATA Trust en la Fiscalía Adjunta de Goicoechea.
La controversia legal se agrava debido a que el contrato de custodia firmado entre las partes no contempla a un tercer beneficiario, aunque la fiduciaria sostiene que una tercera empresa estaría involucrada y que, por ello, no puede entregar los fondos sin autorización conjunta o una orden judicial.
Mejía sostiene que dicha tercera entidad no existe legalmente en el acuerdo y denuncia que quienes la representan son parte del bufete Lexincorp, en el que laboró el canciller y en el que también trabajan Sánchez y Vargas. El vínculo genera sospechas de conflicto de interés y manejo indebido de fondos.
ATA Trust, que también estuvo a cargo del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, utilizado para financiar la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, se desmarcó de las acusaciones asegurando que actúa con “estricto apego a la ley” y que los fondos siguen “disponibles y custodiados”.
La fiduciaria afirmó que solo una orden arbitral o judicial permitirá el desembolso. No obstante, la denunciante acusa que, hasta la fecha, solo se han devuelto $200,000 y que el resto del capital, equivalente a $3.8 millones, permanece retenido sin causa válida, afectando gravemente las operaciones de su empresa.
Mejía aseguró que “ATA Trust ha incumplido el contrato, ha violado su deber fiduciario y ha causado un grave daño económico”, pues su empresa perdió oportunidades de inversión y tuvo que recurrir a créditos externos para mantenerse operativa.
En respuesta pública, la fiduciaria anunció que no brindará más detalles por cláusulas de confidencialidad y advirtió que se reserva el derecho de proceder legalmente por difamación ante futuras declaraciones.
