Más allá de los discursos solidarios que muchos países emiten en favor de miles de nicaragüenses exiliados y desterrados, España ha mostrado un apoyo efectivo y práctico al otorgarle documentación legal y respaldo a nicaragüenses tanto para vivir allá como en otras partes del mundo.
Desde el 18 abril de 2018, cuando la dictadura sangrienta de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo masacró las protestas sociales contra las reformas al Seguro Social, Nicaragua vive una dramática y tenebrosa crisis de derechos humanos.
La dinastía Ortega-Murillo no solo provocó más de 355 muertes y más de 4,000 heridos a balazos y golpes, sino también inició una grotesca jornada de terrorismo de Estado, torturas, represión, persecución, secuestros, amenazas, desapariciones, confiscaciones, cierre de oficinas y robo de cuentas y bienes a la sociedad civil y opositora.
Como parte de su malévolo plan de terror estatal, la dictadura también desterró a 222 presos políticos y desnacionalizó a otros 94 nicaragüenses, para luego seguir con una insana política de destierro violento contra periodistas, empresarios, líderes religiosos, indígenas, sacerdotes, monjas, activistas culturales y hasta de sus cuadros partidarios.
La situación ha llevado a la migración a más de 600,000 personas en cinco años, lo que ha generado la alarma y alerta para muchos gobiernos democráticos que siguen criticando y condenando al régimen de Nicaragua, pero en la práctica hacen poco por apoyar al éxodo de los centroamericanos.
España es uno de esos pocos países que oficialmente ha hecho algo al respecto. El gobierno español ofreció la ciudadanía a los nicaragüenses en condición de apátridas y poco a poco ha ido otorgando su nacionalidad a 110 de los desterrados por la oprobiosa dictadura.
Los últimos 13 beneficiados este 17 de enero de 2024, de acuerdo al Boletín Oficial del Estado (BOE) de España, fueron: Edgard Parrales, ex embajador ante la OEA, Juan Sebastián Chamorro García, excandidato presidencial y excarcelado político; Ana Quirós, experta en Salud Pública y directora de la cancelada y confiscada Cisas; Berta Valle, esposa del excarcelado político y desterrado Félix Maradiaga.
Figuran además los expresos políticos Lenín Rojas; Moisés Leiva; Nilson Membreño; Denis Palacios; el sacerdote Raúl Vega; la escritora Giocoanda Belli, el periodista Carlos Salinas; a la excarcelada política Samantha Jirón; y el líder campesino Freddy Navas.
Aparte, España ha abierto su tierra a 165 nicaragüenses dentro del Plan de Movilidad Segura que impulsan la Organización Internacional de las migraciones (OIM), la oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y una alianza de países como Estados Unidos, Costa Rica, España, Canadá y otros.
Más allá de Costa Rica, el programa Movilidad Segura tiene oficinas en Colombia, Guatemala y Ecuador.
Esta iniciativa busca ofrecer vías legales a los migrantes y refugiados cubanos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses, colombianos y guatemaltecos que anhelan llegar a Estados Unidos.
Bajo ese esquema, España recibió a finales de 2023 a 74 nicaragüenses con una condición especial de capacitación y empleo, además de alojamiento y documentos legales para trabajar durante un año en un proyecto fotovoltaico en una zona rural de ese país europeo. Otros 91 ya partieron también entre finales de 2023 e inicios de 2024 y otros 285 refugiados más partirán próximamente.
En el caso del grupo de los 74, una característica clave de este programa es la oferta de contratos laborales en empresas especializadas en placas fotovoltaicas, al menos para un integrante de cada núcleo familiar recién llegado. Estas familias no solo encontrarán empleo, sino que también serán reasentadas en entornos rurales, marcando una novedad en el enfoque del proyecto.
Los nicaragüenses serán ubicados en áreas conocidas como ‘la España vaciada’, debido a las altas tasas de emigración hacia las ciudades más grandes en su país de origen.
Valladolid, situada en la céntrica Castilla y León, una de las comunidades autónomas españolas, ha experimentado una pérdida considerable de habitantes en la última década, según datos del Instituto Nacional de Estadística, aunque el censo de 2022 mostró un ligero aumento, gracias en parte al incremento de ciudadanos extranjeros.
El propósito fundamental de proyectos como este es demostrar la viabilidad de la vida en entornos rurales y contribuir a la fijación de población. Según el programa, cada persona que opta por quedarse y cada nueva vida que comienza en estas áreas rurales representa una ventaja y un valor añadido para la comunidad autónoma.
