La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), expresó su preocupación por la creciente militarización de la seguridad pública en Honduras y denunció torturas y maltratos en centros penales.
El ACDH denuncia torturas por parte de la policía militar hondureña luego que las Fuerzas Armadas se hicieran con el control de los centros penitenciarios del país.
“A partir del monitoreo inicial de nuestra Oficina y de la información recibida de organizaciones de la sociedad civil y otras fuentes con respecto a las operaciones militares en los centros penitenciarios, indican que los privados de libertad, en particular los presuntamente asociados con maras y pandillas, habrían sido golpeadas con toletes y patadas por la policía militar, así como sometidos a privación de sueño y racionamiento de alimentos y agua, lo que puede llegar a constituir una forma de maltrato”, denuncia el ACDH.
Además, llamó a reforzar la “supervisión interna y externa de las operaciones militares” en el país, tras la extensión del estado de excepción.
El 21 de junio, las autoridades anunciaron la transferencia del mando y el control del sistema penitenciario a la Policía Militar. Esta decisión se tomó tras el violento incidente ocurrido en la Prisión Nacional de Mujeres de Tamara, en el que murieron 46 mujeres privadas de libertad durante un presunto ataque de un grupo contra otro.
“Reiteramos la necesidad de garantizar urgentemente que exista una supervisión, tanto interna como externa, de las operaciones militares en las cárceles, así como del mando y control del sistema penitenciario, para evitar violaciones de los derechos humanos. Las denuncias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza deben investigarse sin demora”, subraya el ACDH.
El Alto Comisionado reconoce “la urgente necesidad de hacer frente a los niveles de violencia imperantes en el país dentro y fuera de los centros penitenciarios, pero nos preocupa mucho que ciertas medidas adoptadas puedan conducir a la violación de los derechos humanos”.
“Recordamos que el uso de los estados de excepción, como los que autorizan la participación militar en la seguridad pública y en el mando y control de las prisiones, debe ser excepcional, limitado en el tiempo y restringido a lo estrictamente necesario según las circunstancias del caso concreto”, agrega el comunicado.
El ACDH advierte que el sistema penitenciario debe estar bajo control civil, en el marco de una política integral de seguridad que aborde las causas profundas de la violencia y contribuya a desmantelar de manera sostenible las maras y pandillas y otros grupos del crimen organizado.
Además demandaron redoblar inmediatamente los esfuerzos para hacer frente a los problemas de larga data de la justicia penal y las prisiones, como el abuso del encarcelamiento, el autogobierno de las personas privadas de libertad, así como el hacinamiento, las condiciones de vida inadecuadas y la ausencia de servicios básicos.
“Recordamos el deber del Estado de proteger la vida de las personas privadas de libertad”, dice el comunicado.
