La situación de los pueblos indígenas en Nicaragua presenta un elevado grado de impunidad, con 643 actos de violencia documentados durante el primer semestre de 2024, sin que ninguno de estos casos haya sido atendido o resuelto por las instituciones del Estado.
Así lo denuncian expertas indígenas en derechos humanos, en informes elaborados como evidencias para los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de cara al Examen Periódico Universal al régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a realizarse en noviembre próximo.
Las cifras, proporcionadas por organizaciones de la sociedad civil que trabajan bajo condiciones de clandestinidad y anonimato por temor a las represalias de la dictadura Ortega-Murillo, revelan un escenario de terror y desolación: 4 indígenas asesinados, 74 desplazamientos forzados, 49 usurpaciones de propiedades, 10 violaciones sexuales, y 39 casos de agresiones físicas y psicológicas contra mujeres indígenas.
📌 La periodista Brisa Bucardo, nos describe la invasión que se está realizando a las tierras indigenas de la Muskitia nicaragüense, esta violencia es más que un ataque territorial; es un ataque a las vidas e identidades de quienes lo habitan.
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“De los 643 hechos violatorios documentados, ninguno ha sido llevado a juicio, ni siquiera reciben las denuncias interpuestas por los indígenas”, subrayó la defensora, destacando la impunidad con la que operan los perpetradores.
Crecen las cifras de violencia e impunidad
A pesar de que 66 organizaciones no gubernamentales han sido canceladas por el gobierno en la Costa Caribe de Nicaragua, las organizaciones de derechos humanos han logrado registrar estos actos de violencia “con las uñas”.
La falta de acción por parte del Estado nicaragüense en estos casos refleja una complicidad alarmante con los agresores, según una de las defensoras indígenas. “No hay sentencias condenatorias contra los perpetradores por la complicidad del Estado”, añadió.
Los registros indican un incremento de los hechos de violencia desde 2015, con más de 50 muertes de indígenas contabilizadas hasta la fecha.
La mayoría de los incidentes se concentran en las 15 comunidades con medidas de protección especial otorgadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), donde se reportaron 484 de los 643 casos de violencia registrados este año.
“Eso implica que el Estado nicaragüense no se ha preocupado en lo mínimo por dar cumplimiento a esas medidas especiales y a la protección general de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, señaló la experta.
Una política de cohabitación forzada y explotación económica
La defensora de los derechos indígenas también denunció la existencia de intereses económicos sobre los territorios indígenas por parte de grupos de poder vinculados al partido gobernante de Daniel Ortega.
Según explicó, “la violencia está vinculada a una estrategia estatal que fomenta una política de cohabitación forzosa y desigual entre colonos armados y organizados y familias indígenas, sin consentimiento de estos últimos”.
Los colonos, que practican actividades económicas como la ganadería extensiva y la minería, causan daños severos en áreas protegidas con suelos de vocación forestal, desplazando a las comunidades indígenas que dependen de la tierra y los ríos para su subsistencia.
Además, la política de desarrollo nacional del régimen, basada en actividades extractivistas, promueve la llegada de empresas extranjeras y la invasión sin control de los territorios indígenas, exacerbando el conflicto.
“Esto causa severos daños ambientales en áreas protegidas y continúa el ciclo de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas”, concluyó.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación en Nicaragua, llamando a una intervención urgente para proteger los derechos de los pueblos indígenas y exigir al gobierno de Ortega que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Sin embargo, hasta la fecha, la respuesta del gobierno ha sido el silencio y la represión, mientras la impunidad sigue reinando en los territorios indígenas del país.
