El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública de Costa Rica absolvió al expresidente Miguel Ángel Rodríguez de toda responsabilidad penal y civil en el denominado caso Reaseguros, una investigación que permaneció abierta durante más de 25 años y que se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos del país.
La resolución fue emitida este viernes por el tribunal con sede en San José, poniendo fin a una causa iniciada en 2001 por supuestas irregularidades relacionadas con contratos de reaseguros vinculados al Instituto Nacional de Seguros (INS).
La jueza Mercedes Muñoz Campos fue la encargada de leer el fallo que favoreció al exmandatario, quien también se desempeñó como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) antes de verse obligado a renunciar en medio del escándalo judicial.
La decisión también rechazó las acciones civiles promovidas por la Procuraduría General de la República y absolvió a otros imputados señalados por presuntos delitos de peculado, entre ellos exfuncionarios relacionados con el área de reaseguros del INS y del Instituto Costarricense de Electricidad.
La investigación tomó notoriedad internacional en 2004 cuando Rodríguez regresó voluntariamente a Costa Rica para enfrentar las acusaciones en su contra. A su llegada fue detenido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en imágenes que tuvieron amplia difusión dentro y fuera del país.
Durante años, la Fiscalía sostuvo que existió una estructura destinada a utilizar recursos relacionados con programas de reaseguros para financiar viajes y otros gastos con escasos controles administrativos.
Según la acusación, Rodríguez habría aprovechado su posición como presidente para influir en decisiones dentro del INS a través de personas cercanas a su entorno político. El Ministerio Público incluso afirmó que el exmandatario habría recibido aproximadamente $706,000 como parte de la supuesta trama.
Durante el juicio más reciente, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó una condena acumulada de 132 años de prisión al considerar que el expresidente participó en 11 delitos de peculado.
Sin embargo, tras analizar las pruebas presentadas por las partes, el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para establecer responsabilidad penal o civil en contra del exgobernante (1998-2002).
La resolución reabre el debate sobre las consecuencias personales, políticas e institucionales que generan los procesos judiciales de larga duración, especialmente cuando concluyen sin condenas para los acusados.
Al conocer el fallo, Rodríguez se mostró visiblemente emocionado. En declaraciones previas al cierre del juicio había insistido en que nunca existieron pruebas que lo vincularan con actividades ilícitas y recordó que siempre regresó voluntariamente al país para someterse a la justicia.
El exmandatario también lamentó que su esposa, la ex primera dama Lorena Clare, fallecida recientemente, no pudiera acompañarlo en el desenlace del proceso. “Lamento muchísimo que Lorena no está a la par mía para celebrar este fin de esta dolorosísima prueba que ha afectado muy indebidamente a toda mi familia”, expresó.
