La migración forzada de mujeres indígenas nicaragüenses hacia Costa Rica está marcada por la exclusión, la precariedad y la vulneración de derechos.
Así lo advierte el informe “Mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica”, elaborado por el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) y la Asociación Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), que revela que la gran mayoría enfrenta barreras estructurales que dificultan su integración social, laboral y económica en el país de acogida.
Nueve de cada diez mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica pertenecen al pueblo miskitu, y apenas un 2 % ha logrado acceder a un empleo formal. Este dato refleja una problemática profunda que se ha intensificado desde 2018 y tuvo un repunte entre 2024 y 2025, impulsada por conflictos, represión política y desastres naturales en el Caribe Norte de Nicaragua.
Zonas vulnerables
La mayoría de estas mujeres proviene de Bilwi (64 %) y Waspán (27 %), y se ha asentado principalmente en zonas vulnerables de San José, como Pavas, Alajuelita, La Carpio y Purral. Sus hogares suelen estar conformados por más de cuatro personas, con alta presencia de menores y una significativa proporción de jefatura femenina.
Los obstáculos que enfrentan
El acceso a documentación es uno de los principales obstáculos. Más del 60 % solo cuenta con un carné de solicitante de refugio, mientras que un pequeño porcentaje ha logrado regularizar su situación. Sin papeles completos, el acceso al empleo formal se vuelve casi imposible, empujándolas a la informalidad o a la dependencia económica.
Las condiciones de vivienda reflejan esta precariedad. Casi la mitad vive en asentamientos sin servicios básicos garantizados y otro grupo importante en habitaciones alquiladas en condiciones limitadas. Esta situación impacta directamente en su calidad de vida y en la de sus familias.
En educación, el panorama también es restrictivo. El 91 % de las mujeres adultas no estudia, principalmente por falta de recursos, problemas de documentación y barreras idiomáticas. Aunque los menores tienen mayor acceso al sistema educativo costarricense, también enfrentan dificultades económicas y administrativas.
El acceso a la salud es igualmente limitado. Solo el 30 % recibió atención médica en los últimos seis meses, mientras que más del 90 % nunca ha accedido a atención psicológica, a pesar de haber vivido situaciones de violencia. Las barreras económicas, idiomáticas y documentales siguen siendo determinantes.
La violencia es otro factor persistente. Muchas mujeres reportan haber sufrido violencia verbal, física, económica y sexual, principalmente dentro del entorno de pareja. Además, denuncian discriminación institucional, con negación de servicios y trato estigmatizante en entidades públicas.
Frente a este escenario, las propias mujeres han planteado soluciones: acceso a microcréditos, validación de estudios, capacitación en derechos y programas adaptados a su cultura. También exigen mayor sensibilización de funcionarios públicos para reducir la discriminación y garantizar el acceso efectivo a sus derechos.
