La Unión Europea (UE) expresó su firme rechazo a la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, que entró en vigencia este sábado, al considerar que la normativa pone en riesgo a la sociedad civil, restringe el acceso al financiamiento y contradice los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
En una declaración oficial, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior lamentó que la legislación, aprobada por la Asamblea Legislativa salvadoreña pueda limitar gravemente las actividades de organizaciones civiles, cuya labor es considerada esencial para el funcionamiento de una democracia.
“La legislación va en contra de las obligaciones de El Salvador bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, advirtió la UE, señalando que restringir el financiamiento extranjero a actores de la sociedad civil pone en riesgo su operación y su independencia.
El Salvador: The EU regrets the adoption of the Foreign Agents Law, which risks restricting civil society and runs counter to international obligations. Recent arrests of human rights defenders raise further concerns.
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— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) June 7, 2025
Además, el bloque europeo manifestó su preocupación por las recientes detenciones de defensores de derechos humanos en el país centroamericano, y pidió al gobierno salvadoreño garantizar el respeto a las libertades fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión y el debido proceso, así como la seguridad e integridad física de las personas arrestadas.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele respondió diciendo que “El Salvador lamenta que un bloque envejecido, sobreregulado, dependiente de la energía, rezagado tecnológicamente y liderado por burócratas no electos todavía insista en dar sermones al resto del mundo”.
Pese a las tensiones actuales, la UE reiteró su disposición a continuar trabajando con El Salvador en materia de desarrollo económico y social inclusivo. No obstante, advirtió que el avance de leyes restrictivas como la de agentes extranjeros y el reducción del espacio para la sociedad civil podrían afectar negativamente la cooperación bilateral.
Esta declaración se suma a las críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos, que han señalado que la legislación salvadoreña replica modelos restrictivos vistos en otros países autoritarios, donde se ha utilizado para vigilar, desacreditar o incluso criminalizar a actores independientes de la sociedad civil.
