La reciente decisión del régimen nicaragüense de otorgar asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli, ha desatado una tormenta política en Panamá, generando diversas opiniones y debates sobre la postura que debe adoptar el Estado panameño frente a esta situación.
Expertos y analistas en Panamá han expresado su preocupación y desacuerdo con la defensa que la dictadura sandinista ha hecho del exmandatario Martinelli, acusado múltiple veces de diversos actos de corrupción y comisión de graves delitos de lavado de dinero.
Jorge E. Ritter, ex canciller panameño, destacó a la prensa local que otorgar un salvoconducto a Martinelli sería hacerse cómplice de los delitos de lavado de activos cometidos por el expresidente.
Por otro lado, Olga de Obaldía, analista de la Fundación por el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, resaltó la importancia de considerar las implicaciones internacionales del caso, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado transnacional.
Panamá no debe ceder a presión de dictadura sandinista
De Obaldía dijo que el gobierno debe tomar en cuenta que Martinelli está procesado por un delito común de blanqueo de capitales, “que es el tema que más impacta nuestra posición como país frente a la comunidad internacional”, y que es un compromiso regional dentro del sistema de prevención del crimen organizado “cooperar en la lucha contra el lavado de activos que está ligado al crimen organizado transnacional”.
El ex magistrado Harry Díaz, dijo a la prensa local que sería un error jurídico e histórico que el gobierno panameño otorgue una salida migratoria a Martinelli, “ya que sentarían un precedente internacional para la evasión de delitos de lavado de dinero que pondría en riesgo la credibilidad del gobierno en sus tratados de lucha contra el crimen organizado”.
La situación de Martinelli se remonta a una condena por blanqueo de capitales (lavado de dinero) que asciende a casi 11 años de cárcel y una multa de 19 millones de dólares. Ante esta situación, el expresidente solicitó asilo en la embajada de Nicaragua en Panamá.
El gobierno nicaragüense justificó su decisión en base a las convenciones internacionales sobre asilo político y humanitario.
Piden cárcel para Martinelli
Martinelli, quien ha estado involucrado en varios casos judiciales, incluyendo el escándalo de Odebrecht, ahora permanece en la embajada de Nicaragua en la capital panameña, equipando el lugar para su estadía mientras espera la resolución de su situación migratoria.
La decisión del gobierno panameño sobre el caso de Martinelli ha generado debate y preocupación en la opinión pública, pues se espera que se resuelva de manera transparente y respetando los principios legales y los compromisos internacionales del país en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Sin embargo, la respuesta del gobierno panameño ha sido cautelosa. La cancillería ha emitido un comunicado anunciando que está notificando a las autoridades competentes sobre la situación, mientras que el tribunal electoral emitió un comunicado donde reitera que la comisión de delitos anula el derecho de participación electoral a Martinelli, pero avisó que esperará la notificación formal de los tribunales de justicia para aplicar la anulación de la candidatura del candidato.
La embajadora de Nicaragua en Panamá, Consuelo Sandoval Meza, evitó hacer comentarios sobre el otorgamiento de asilo político al expresidente Ricardo Martinelli, en su llegada a la sede la mañana de este jueves 8 de febrero.
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— TVN Noticias (@tvnnoticias) February 8, 2024
Mercado-diplomacia en líos con la prensa canalera
Consuelo Sandoval, la particular embajadora de Panamá en Nicaragua, se abstuvo de comentar sobre el tema y, mal encarada, solicitó “respeto” a la prensa panameña cuando esta le hacía preguntas en las afueras de la sede diplomática.
Sandoval, una ex comerciante informal de un mercado de Managua, y antigua periodista radial y del confiscado diario La Prensa, convertida finalmente en propagandista de la dictadura, lanzó agua desde detrás de los muros a los periodistas panameños que pernoctan afuera de la sede.
La “embajadora” también ha tomado medidas para limitar el acceso de los periodistas, lo que ha generado tensiones en el lugar.
Sandoval colocó propaganda de la dictadura de los Ortega-Murillo en ventanas y muros de la sede mientras suspendió todo acceso de servicios consulares a los nicaragüenses residentes en Panamá y solamente permite la visita de los seguidores, familiares y amigos del corrupto ex mandatario.
Martinelli instalado en embajada del régimen
Martinelli se ha instalado en la embajada de Nicaragua en Panamá, recibiendo visitas de colaboradores y abogados, mientras da entrevistas a medios internacionales y dirige una campaña electoral a su favor y otra política contra el actual gobierno del presidente Cortizo.
La complejidad de esta situación se suma a la lista de más de 130 aliados políticos y prófugos de la justicia que han encontrado refugio en Nicaragua, algunos de los cuales han obtenido la nacionalidad nicaragüense para evitar la extradición por delitos de corrupción en su país, como el ex presidente salvadoreño Mauricio Funes.
La ex fiscal general de Panamá, Ana Matilde Gómez, considera que Martinelli no puede recibir un salvoconducto y deberá permanecer en la embajada sin realizar declaraciones políticas.
La situación legal de Martinelli incluye la condena por lavado de dinero y casos como “New Business”, relacionado con la compra irregular de la editorial de medios Epasa.
El ex presidente, además, ha enfrentado acusaciones de corrupción vinculadas a Odebrecht y es objeto de investigaciones en España por presunta corrupción y espionaje, mientras Estados Unidos lo ha sancionado y catalogado como funcionario corrupto junto a su familia.
La situación continúa desarrollándose, generando tensiones políticas y judiciales entre Panamá y Nicaragua, y planteando interrogantes sobre el futuro del expresidente panameño, quien elude una condena de casi 11 años de cárcel y 19 millones de dólares de multa por blanqueo de capitales.
