El Movimiento Semilla presentó una apelación en contra de una sala legal que le denegó la solicitud de dejar sin efecto la orden de un juez que lo canceló como partido político, en medio de una batalla legal que le está complicando las cosas en medio de la arremetida que el Ministerio Público mantiene en su contra.
Los abogados del instituto político al que pertenece el presidente, Bernardo Arévalo, dijeron que la Sala Segunda de Apelaciones no valoró correctamente su solicitud inicial y que ante eso, recurren a la Corte de Constitucionalidad, para hacer valer los precedentes legales.
Agregaron que el objetivo es revertir la decisión del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, que mandó la cancelación de Semilla tras la petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que investiga al partido por presuntas falsificaciones de firmas para la inscripción del mismo ante el Tribunal Supremo Electoral.
Esto es considerado una persecución política y ha sido fuertemente criticada incluso por organismos internacionales.
Batalla en el Congreso
Los diputados de Semilla anunciaron que darán batalla legal por la cancelación de su partido en el Congreso y la declaratoria de este para que los diputados sean nombrados independientes, como parte de la resolución del juez Orellana.
“Recordemos que hace dos días de manera absolutamente ilegal y arbitraria el Registrador de Ciudadanos resolvió suspender provisionalmente al partido Movimiento Semilla. Esta resolución fue impugnada por nuestro partido”, dijo el diputado de Semilla, Samuel Pérez.
Consideró que la decisión de la directiva del legislativo de desconocerlos como bloque es arbitraria e ilegal, porque se basa en una resolución que no está en firme.
“Nosotros rechazamos categóricamente esa afirmación y ante esto como bancada Semilla denunciamos ante el pueblo de Guatemala y a la Comunidad Internacional el complot de cuatro instituciones del Estado”, dijo Pérez.
Durán explicó que presentarán un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la junta directiva del Congreso por negarles derecho de audiencia y por abuso de autoridad.
