El número de nicaragüenses que han abandonado su país en busca de protección internacional sigue creciendo y se han convertido en el segundo país en el mundo con más pedidos de refugio en proporción a su población.. Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU revela que más de 342,000 ciudadanos han solicitado asilo en el extranjero desde 2018, en medio de un contexto de represión política y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
El documento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos señala que, hasta finales de 2025, al menos 342,045 nicaragüenses habían solicitado asilo en otros países, mientras que 31,387 ya obtuvieron el estatus formal de refugiados.
El informe advierte que estas cifras podrían ser incluso mayores, ya que no incluyen a quienes lograron regularizar su situación migratoria por otras vías, adquirieron otra nacionalidad o aún no han formalizado solicitudes de protección internacional.
La mayoría de las personas que abandonaron Nicaragua lo hicieron después de las protestas de 2018, cuando el gobierno inició una fuerte represión contra manifestantes, opositores, periodistas, activistas y organizaciones civiles.
Los más afectados por el exilio
Según el grupo de expertos de la ONU, el exilio ha afectado a sectores muy diversos de la sociedad nicaragüense, incluidos estudiantes, líderes sociales, empresarios, académicos, miembros de la Iglesia Católica y antiguos funcionarios del propio gobierno.
El informe también advierte que muchos exiliados continúan enfrentando amenazas, vigilancia y campañas de hostigamiento incluso fuera del país, como parte de una estrategia de persecución transnacional contra críticos del gobierno.
Además, cientos de nicaragüenses en el exterior han sido privados de su nacionalidad o enfrentan obstáculos para renovar documentos oficiales, lo que ha agravado su situación migratoria y ha dejado a algunos en condiciones cercanas a la apatridia.
Ante este panorama, los expertos de Naciones Unidas alertan que el aumento del exilio refleja la profundidad de la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, y subrayan la necesidad de garantizar protección internacional para quienes han huido del país.
