Guatemala está en plena campaña electoral y la reactivación de la pena de muerte se ha convertido en una tema de discusión del que hablan el presidente Alejandro Giammattei, diputados, el procurador de Derechos Humanos y candidatos presidenciales.
La pena de muerte está contemplada en el artículo 18 de la Constitución Política de Guatemala. La última ejecución por fusilamiento en Guatemala ocurrió en 1996, mientras que la última pena de muerte por de inyección letal se ejecutó en el 2000 cuando el entonces presidente Alfonso Portillo suspendió su aplicación.
Giammattei resucitó el tema a finales de enero mientras hablaba del combate a las pandillas. El mandatario sostuvo que “los pandilleros tienen hoy dos caminos: o les cae la ley o se incorporan y se reinsertan a la sociedad”.
“Ojalá el Congreso de la República le devolviera lo que la Constitución le dice al Presidente de la República, el derecho del recurso de gracia para que la aplicación de la pena de muerte en Guatemala pudiera ser efectiva”, puntualizó Giammattei.
Los comentarios se dieron tras el asesinato de una niña de siete años en Villanueva, una ciudad vecina de la capital guatemalteca.
“No seguiremos impasibles ni timoratos. No me temblaría la mano si son llevados y condenados a pena de muerte”, señaló al pedirle al Congreso que tome las medidas para que este castigo vuelva a ser efectivo”, subrayó el presidente guatemalteco, quien había prometido durante su campaña electoral de 2019 reactivar la pena capital.
Iniciativa en el congreso
A partir de esa declaración, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, con el apoyo de varios diputados oficialistas y aliados, presentó el 2 de febrero una iniciativa de ley para reactivar la pena máxima.
En la propuesta firmada por Rivera y por los diputados Leopoldo Salazar Samayoa, Herber Melgar Padilla, Javier Hernández, Ángel Gonzáles, Sergio Arana y Douglas Mérida, se dice que el motivo de la iniciativa es que existe un vacío legal en la aplicación de pena de muerte, la cual no ha sido abolida por el Congreso.
La iniciativa señala que tiene como finalidad “determinar” si en casos concretos procede conmutar la pena de muerte a juicio del Jefe de Estado.
Además, la iniciativa reconoce un “vacío legal” que hace inaplicable la pena de muerte, derivado de que no se cuenta con el recurso del indulto, esto estaría violentando el debido proceso y el derecho de petición, se lee en la exposición de motivos.
Algunos candidatos presidenciales como Roberto Arzú, han retomado el tema y lo respaldan.
“Vamos a denunciar el Pacto de San José. Nos saldremos de esto. ¿Cuál es el miedo que tienen algunos que se aplique la pena de muerte en Guatemala?”, dijo Arzú en una entrevista televisiva.
al análisis de la Iniciativa de Ley que busca reactivar la pena de muerte en Guatemala, la cual fue enviada por el Ejecutivo.
Derechos Humanos
La única voz que ha declarado su oposición a reactivar la pena de muerte ha sido la del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova.
“Como persona particular, Procurador de los Derechos Humanos y como institución nosotros apelamos porque se respete el derecho a la vida, no estaríamos de acuerdo en el aspecto a la pena de muerte, (…) como institución humanitaria que somos no podríamos compartir este criterio”, aseguró Córdova en una comisión legislativa.
