La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció que la Fundación contra el Terrorismo (FCT) se ha convertido en uno de los principales instrumentos de presión contra periodistas, jueces y abogados en Guatemala mediante denuncias penales, campañas de difamación y ataques en redes sociales, especialmente contra quienes investigan casos de corrupción.
El informe, titulado “La FCT se hace cargo”, sostiene que la organización conservadora ha desempeñado un papel clave en diversos procesos judiciales iniciados desde 2022, entre ellos el del periodista de investigación Jose Rubén Zamora, fundador del desaparecido diario elPeriódico. Según RSF, la estrategia de la FCT combina acciones legales con campañas de desprestigio para intimidar a voces críticas.
Durante la investigación, RSF entrevistó al presidente de la Fundación, Ricardo Méndez Ruiz, quien defendió la actuación de la organización. Sin embargo, el informe documenta publicaciones en redes sociales en las que aparecen fotografías de jueces, abogados y del propio Zamora marcadas con una cruz roja y acompañadas del mensaje: “Así trabajan los francotiradores legales de la Fundación contra el Terrorismo: Un disparo judicial, un muerto civil”.
RSF señala que Jose Rubén Zamora permaneció más de tres años en prisión tras ser detenido en 2022 por procesos relacionados con lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El periodista obtuvo arresto domiciliario el 12 de febrero de 2026, aunque aseguró al organismo que su situación jurídica sigue siendo incierta. “Puedo volver a la cárcel en cualquier momento”, afirmó.
El informe también sostiene que la FCT intervino como querellante adhesivo en el proceso judicial contra Zamora y que varios de sus abogados defensores enfrentaron investigaciones, procesos penales o amenazas que terminaron provocando la renuncia de algunos de ellos. De acuerdo con el periodista, cerca de 20 abogados han integrado su defensa desde el inicio del caso.
“La ofensiva de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) contra los periodistas guatemaltecos muestra cómo una organización privada pudo utilizar los tribunales y las campañas de difamación para silenciar las voces críticas y a la prensa libre. Después de años de impunidad, RSF pide a las nuevas autoridades judiciales de Guatemala que dejen de permitir que la FCT intimide a los periodistas”, dijo Haïfa Mzalouat, Periodista de la oficina de investigación de RSF.
Reporteros Sin Fronteras afirma que la actuación de la Fundación se fortaleció durante la gestión de la entonces fiscal general Consuelo Porras, período en el que numerosas denuncias impulsadas por la organización derivaron en procesos judiciales contra fiscales anticorrupción, jueces y periodistas. El informe cita datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que vinculan al menos 81 procesos con denuncias promovidas por la FCT.
Además del ámbito judicial, RSF documentó campañas de hostigamiento en redes sociales dirigidas contra periodistas y medios de comunicación.
Según la investigación, estas acciones incluyen publicaciones de cuentas anónimas, difusión de información personal y mensajes que califican a periodistas como “corruptos”, “izquierdistas”, “terroristas” o “activistas disfrazados”. El organismo sostiene que existe una estrecha relación entre esos perfiles digitales y los mensajes difundidos por dirigentes de la Fundación.
El informe concluye que la llegada del nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, abre la posibilidad de revisar varios de estos procesos. RSF destacó que el nuevo funcionario destituyó al exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, anunció investigaciones sobre los llamados “Net Centers” y puso fin a algunos procesos contra periodistas de elPeriódico. Asimismo, recordó que Jose Rubén Zamora presentó una denuncia contra diez personas, entre ellas Ricardo Méndez Ruiz y el abogado Raúl Falla, por presuntas irregularidades durante su proceso judicial.
