El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció la excarcelación de 1,000 presos comunes a partir del 1 de noviembre, mientras persisten las denuncias de desaparición forzada de periodistas, activistas y laicos católicos en Nicaragua.
La codictadora Murillo informó en su habitual alocución diaria que los beneficiarios pasarán al régimen de “convivencia familiar”, lo que les permitirá reunirse con sus familias.
“El ser humano puede haber cometido un error, pero tiene derecho a oportunidades”, declaró Murillo en tono religioso, aludiendo a la festividad del Día de Todos los Santos, cuando la Iglesia católica —perseguida y despojada de bienes por el régimen— conmemora a sus mártires.
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8.400 reos comunes libres en 2025
Murillo no especificó los delitos cometidos por los excarcelados ni los criterios para su selección. Detalló únicamente la distribución por municipios: 446 en Tipitapa, 141 en Granada, 111 en Matagalpa, 73 en León, 62 en Juigalpa, 58 en Estelí, 57 en Chinandega y 52 en Bluefields.
Según medios independientes, con esta medida suman 8,400 las excarcelaciones de presos comunes en lo que va de 2025.
Las liberaciones masivas, practicadas regularmente desde 2018 en fechas conmemorativas, son cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, que denuncian impunidad y reincidencia en delitos graves, incluidos casos de violencia de género.
100 presos políticos siguen desaparecidos
El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua ha acusado al sistema penitenciario de participar en crímenes de lesa humanidad contra opositores políticos.
“Mientras se liberan delincuentes comunes, más de cien presos políticos siguen encarcelados injustamente con juicios arbitrarios”, advirtió el defensor Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
La medida ocurre en un contexto de creciente represión religiosa y silenciamiento de voces críticas en el país centroamericano. Se estima en más de la 100 la cifra de presos políticos y desaparecidos.
