El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió a usar a los presos políticos como moneda de cambio en medio de la mayor presión internacional en años, en el marco de una posible expulsión del tratado comercial con Estados Unidos.
A pocas semanas de que Estados Unidos decida si suspende a Nicaragua del tratado comercial CAFTA-DR, el régimen excarceló en silencio a varios opositores y presentó públicamente a desaparecidos, como la comunicadora Fabiola Tercero, retenida durante 16 meses y el médico Yerri Estrada.
Maniobras y cálculos
La aparición forzada de Tercero ocurrió el 11 de noviembre, justo antes de que cierre la fase de consultas públicas de la investigación de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR).
La pesquisa, amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, concluyó que las prácticas del régimen son “irrazonables” y restringen el comercio estadounidense.
En paralelo, Washington evalúa imponer aranceles de hasta el 100 % a las importaciones nicaragüenses y recomendar la expulsión de Nicaragua del CAFTA-DR.
Liberaciones estratégicas
En ese contexto, el régimen liberó bajo casa por cárcel al médico opositor Yerri Gustavo Estrada Ruiz, detenido el 13 de agosto.
Su familia pidió ayuda a Costa Rica, la ONU, la OEA, la UE y la CIDH para sacarlo de “esas tenebrosas cárceles”.
Días antes, según fuentes opositoras, fueron excarcelados 5 presos políticos: el periodista Leo Cárcamo, el abogado Julio Quintana, el exmilitar Ronald Leiva Silva, Fabio Cáceres y otro detenido no identificado públicamente.
Las liberaciones coinciden con un fuerte cabildeo empresarial en Washington de parte de textileras, tabacaleras y compradores de café, sectores dependientes del CAFTA.
Más de 70 presos y 32 desaparecidos
Organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 70 presos políticos y al menos 32 desaparecidos. De estos, 30 están identificados por nombre.
Sus familias no reciben información sobre paradero ni condiciones, ni pueden llevarles alimentos o medicinas.
La crisis se agravó tras la muerte bajo custodia de los opositores Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas Zepeda, en agosto pasado, en manos de la policía al servicio de la familia Ortega Murillo.
Familias compararon estos fallecimientos con prácticas de la extinta Guardia Nacional al servicio de la familia Somoza.
La tensión aumentó tras la presentación de un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU (GHREN) ante la Tercera Comisión de Naciones Unidas, donde se reiteró que el régimen comete crímenes de lesa humanidad.
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Expertos: cálculo político
Para el abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Salvador Lulio Marenco, el movimiento responde directamente a la presión de Washington:
“Los presos políticos se han convertido en una moneda de cambio. El régimen teme sanciones económicas y la posible exclusión del CAFTA”, dijo.
El analista exiiado Eliseo Núñez asegura que las excarcelaciones buscan “abrir una negociación o fortalecer una que ya existe”.
Advierte que Ortega-Murillo solo gana tiempo para consolidar su alianza con China mediante zonas especiales que permitirían exportar al mercado estadounidense bajo el paraguas del CAFTA.
“Sería un error mantener a Nicaragua en el tratado” con Estados Unidos, afirma.
El sociólogo Juan Carlos Gutiérrez, también desnacionalizado, advierte que la maniobra no refleja cambios reales en las políticas de terror de la dictadura.
“El régimen administra el terror que ya sembró. Traslada el encierro a los hogares y el castigo a las familias. Libera a personas bajo vigilancia, sin empleo y con miedo”.
El costo económico
Desde 2023, Estados Unidos mantiene un arancel del 18 % sobre la carne nicaragüense, un golpe directo al principal rubro exportador hacia ese mercado.
Según estimaciones de economistas independientes, Nicaragua ha dejado de percibir entre 110 y 140 millones de dólares anuales por pérdida de competitividad frente a sus vecinos.
Si el país es suspendido del CAFTA-DR, la factura sería mucho mayor. Solo en 2024, el 61 % de las exportaciones nicaragüenses —más de 3.700 millones de dólares— dependió del acceso preferencial al mercado estadounidense.
Una exclusión podría traducirse en pérdidas superiores a 1.000 millones de dólares al año, además de la caída de inversiones y el cierre de miles de empleos del sector textil y agroindustrial.
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Vidas como monedas de cambio
Analistas coinciden en que Ortega y Murillo recurren a una táctica repetida desde 2018: liberar para negociar, reapresar para controlar.
Esta vez, sin embargo, la presión económica es más severa y la amenaza de expulsión del CAFTA coloca a la dictadura en una encrucijada.
Entre tanto, las familias de los presos políticos continúan exigiendo pruebas de vida, mientras el régimen administra libertades condicionadas como una herramienta de supervivencia política.