A pocos días de que Washington concluya un proceso administrativo que podría excluir a Nicaragua de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó crear las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta.
Los dictadores enviaron con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional la iniciativa de ley para crear un régimen de privilegios fiscales y aduaneros inspirado en el modelo de cooperación con China.
El proyecto, remitido al Parlamento el 29 de octubre, plantea una red de zonas industriales, tecnológicas y agroexportadoras con incentivos extraordinarios para atraer inversiones extranjeras.
Aunque el texto no menciona directamente a China, sus objetivos y denominación coinciden con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), promovida por Pekín en más de 150 países.
La administración de las Zonas estará en manos de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF), mientras que la coordinación política recaerá en una comisión interinstitucional presidida por Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores.
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Sello familiar y alineamiento chino
Según el texto enviado al Parlamento, la Comisión estará integrada además por el presidente del Banco Central, los titulares de Fomento, Industria y Comercio, Hacienda, Transporte e Infraestructura, la Procuradora General y el director ejecutivo de la CNZF.
La iniciativa autoriza a esta estructura a definir la ubicación, los incentivos y la normativa aplicable en las Zonas Económicas Especiales.
Entre los beneficios destacan la exoneración total del Impuesto sobre la Renta y los dividendos durante 10 años, renovables indefinidamente, así como la exención de impuestos a la importación, IVA, tasas municipales y aranceles aduaneros.
El documento aclara que la exoneración no incluye el impuesto sobre las rentas del trabajo, aunque el resto de tributos quedan suspendidos.
Se trata de un régimen más amplio que el de las actuales zonas francas nicaragüenses, principal fuente de exportaciones del país.
Analistas consultados por medios independientes en el exilio sostienen que la medida profundiza la dependencia económica y geopolítica de Managua respecto a China, socio al que el régimen de Ortega otorgó ya 43 concesiones mineras equivalentes al 5 % del territorio nacional.
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Contexto: presión de Washington y búsqueda de aliados
El nuevo marco legal llega cuando el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) analizan retirar a Nicaragua del CAFTA-DR, alegando violaciones graves a los derechos humanos y prácticas contrarias a las normas laborales y comerciales.
La exclusión de ese tratado, del que Nicaragua se beneficia desde 2006, supondría un golpe a las exportaciones manufactureras, que superan los 4.000 millones de dólares anuales, y que dependen del acceso libre de aranceles al mercado estadounidense.
En contraste, el régimen sandinista ha buscado fortalecer su vínculo con Pekín desde que rompió relaciones con Taiwán en 2021.
En los últimos dos años ha firmado acuerdos de cooperación energética, minera y portuaria, además de un memorando de entendimiento para integrarse formalmente a la Franja y la Ruta.
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Un salvavidas económico con alto costo político
Fuentes diplomáticas aseguran que China impulsa proyectos de infraestructura logística y puertos estratégicos en el Caribe y el Pacífico nicaragüense, como parte de su expansión en el corredor centroamericano.
El texto oficial justifica las ZEE como un instrumento para “la generación de empleo formal, la transferencia tecnológica y la diversificación productiva”, en un país que enfrenta sanciones internacionales y aislamiento financiero.
Si la ley se aprueba —como se prevé, dada el control de la dictadura en el Parlamento—, Nicaragua podría abrir una nueva etapa de integración económica con China, pero también sellar su distanciamiento definitivo del bloque comercial occidental que durante dos décadas sustentó su economía.