Presidente del Congreso de Honduras suspende sesión sobre renuncia de consejera electoral y abre investigación por posible coacción

La crisis política electoral se agudiza a solo 4 meses de los comicios. La renuncia de la consejera del CNE Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal, ha complicado el proceso.

Congreso Nacional de Honduras.

Un nuevo episodio en la crisis política que vive Honduras de cara a las elecciones se desarrolló en el Congreso Nacional, tras la suspensión de la sesión donde se discutiría la renuncia de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

El presidente del legislativo, el oficialista Luis Redondo, suspendió la sesión argumentando que la renuncia presentada por Hall es “condicionada”, lo que a su juicio representa un acto contrario al marco constitucional. En su lugar instruyó que se investigue el contexto en el que se presentó dicha dimisión.

“La pretensión de imponer condiciones a una persona producto de la coacción y amenazas, o imponer condiciones a un Poder del Estado para aceptar una renuncia, es ilegal, es un crimen e inaceptable”, afirmó Redondo durante la sesión legislativa.

La bancada oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre) rechazó tramitar la renuncia bajo los términos planteados. El Congreso, en respuesta, nombró una comisión especial encabezada por el diputado Jari Dixon, también del partido Libre, para investigar las circunstancias que rodearon la decisión de Hall.

“Como presidente del Congreso Nacional no tengo la facultad legal para no dar trámite a esta renuncia o rechazar de plano una solicitud ya que se encuentra al margen de la Constitución”, explicó Redondo.

El Congreso enviará la documentación al Ministerio Público con el objetivo de que se investigue la denuncia de presuntas amenazas y coacción contra la consejera del CNE. Según el presidente del Legislativo, el Congreso “no admitirá presiones, chantajes ni procedimientos ajenos al marco jurídico”.

El diputado Bartolo Fuentes, también del oficialismo, informó que la comisión tendrá la responsabilidad de llevar a cabo la diligencia correspondiente y remitir sus hallazgos al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley.

La decisión motivó reclamos de parte del Partido Liberal y el Partido Nacional.

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