El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga; y el fiscal general, Carlo Díaz, cuestionaron el martes al Ministerio de Hacienda por la retención de recursos destinados a fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica.
Las autoridades judiciales comparecieron ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para defender el presupuesto del Poder Judicial 2026, en el que reclaman la falta de financiamiento para nuevas plazas en la Fiscalía y el OIJ.
El gobierno de Rodrigo Chaves mantiene un enfrentamiento político público contra el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa a quienes ha responsabilizado de la ola de criminalidad que sufre el país.
Durante su intervención, el director del OIJ, Randall Zúñiga, advirtió que cada recorte al presupuesto de la institución y del Ministerio Público representa un beneficio indirecto al crimen organizado.
“Cada colón que se le quita al OIJ y a la Fiscalía es un espaldarazo al crimen organizado. Indirectamente, quienes retiran esos fondos se vuelven cómplices al limitar nuestra capacidad de investigar”, sentenció Zúñiga.
El jerarca reclamó que el Ministerio de Hacienda negara los fondos para plazas previamente aprobadas por los diputados, pese a que sí asignó recursos adicionales a la Fuerza Pública.
Fiscal general alerta sobre déficit de personal
El fiscal general Carlo Díaz detalló que el Ministerio Público enfrenta un déficit estructural del 20 % en su plantilla, con al menos 134 plazas de fiscales y técnicos judiciales pendientes de ser aprobadas.
“Estamos atacando el crimen organizado, la violencia contra las mujeres y el cibercrimen con recursos insuficientes. Necesitamos urgentemente refuerzos para garantizar una justicia efectiva”, afirmó Díaz.
Por su parte, el magistrado presidente Orlando Aguirre reconoció que el Poder Judicial opera bajo fuertes restricciones presupuestarias, pero aseguró que la institución mantiene su compromiso con la eficiencia y la mejora continua:
“Con recursos limitados hemos maximizado esfuerzos para reducir el rezago, agilizar procesos y combatir la inseguridad dentro de nuestras competencias”, destacó Aguirre.
Según el proyecto de presupuesto (exp. 25.177), al Poder Judicial se le asignaron ₡532 mil millones de colones (unos $1,055 millones), apenas un 0,2 % más que en 2025, sin incluir recursos para las nuevas plazas aprobadas por los legisladores.
